Los deberes del Gobierno con Alicante: inversiones, infraestructuras e instituciones

El debate de investidura dejó pocos anuncios, opacados por la anmistía a los implicados del 'procés'. Tan solo el transporte público grauito a partir del 1 de enero para menores, desempleados y jubilados ha logrado hacerse hueco en algún titular. Y, sin embargo, son muchos los frentes que tiene abiertos el Gobierno. Especialmente, en la provincia de Alicante.

Los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados por Pedro Sánchez dejaron a la provincia en el último lugar de inversión, la 52 de 52 provincias en España. Alicante es la cuarta en población (roza los dos millones de habitantes) y quinta en PIB (Producto Interior Bruto). Aún así, no hay ninguna 'agenda alicantina' encima de la mesa.

PSOE y Podemos presentaron en 2023 unas inversiones de 130 millones de euros para la provincia de Alicante, una cifra que ha ido cayendo paulatinamente en los últimos años: 183 millones en 2022 y 298 millones en 2021. Después de las enmiendas, el Ejecutivo invertió una media de 84 euros por cada alicantino, cuando la media nacional es de 288. En total, 176 millones de euros.

Esto provocó la reacción de los empresarios, que convocaron manifestaciones contra la infrafinanciación histórica que sufre la provincia de Alicante. Unas protestas que, al final, se diluyeron dentro de la retórica política, al dividirse en dos: una convocada por la Cámara, a la que acudió el PP y Vox; la otra, organizada por la CEV un viernes por la mañana, a la que acudió el PSPV, Compromís y Podemos.

La primera piedra de toque del Gobierno será el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024, se aprueben cuando se aprueben. Las próximas cuentas deberán reflejar un aumento real de las inversiones en Alicante, porque así lo esperan los empresarios después de que se haya instalado en la conciencia colectiva el ninguneo a Alicante.

Porque motivos y obras hay para actuar en Alicante, sobre todo en materia de infraestructuras. La gran obra pendiente del Gobierno es la conexión ferroviaria de Alicante con el aeropuerto Miguel Hernández, un proyecto que conlleva la eliminación de las vías del litoral sur de la capital y la creación de la llamada 'Variante de Torrellano' para que los trenes discurran por el interior.

El Ministerio de Transportes apuesta por una electrificación de las vías para que pasen los trenes mientras se ejecutan los trabajos de plataforma, pero los vecinos y el Ayuntamiento temen que, si se hace, sea definitiva. El Gobierno está en fase de redacción del proyecto constructivo.

Si la conexión con el aeropuerto es fundamental, pero también con Elche, con parada en el Parque Empresarial. La CEV también añade entre los deberes la ampliación de una instalación aeroportuaria que ha batido récord de pasajeros en octubre y se encamina a números históricos en 2023. La patronal autonómica también apunta la necesidad de unir la gran puerta de entrada a la provincia con Benidorm, si bien esto sería a través de la estación intermodal de Alicante, conectando Cercanías con Tranvía.

Al respecto, el gran nodo de conexión de Alicante se encuentra también bloqueado por la cesión de los terrenos de Adif a la Conselleria de Infraestructuras de los terrenos necesarios para licitar los trabajos. La Admnistración autonómica quiere estar cesión sin compensación económica aparte, algo con lo que la empresa pública no está de acuerdo. En diciembre, nueva reunión.

Además, quedan pendientes la mejora de la línea ferroviaria entre Alcoi y Xàtiva; el intercambiador ferroviario de mercancías en San Isidro; el tercer carril de la Autovía A-70 entre Alicante y Elche o duplicar la carretera CV-95 entre Orihuela y Torrevieja.

La gran inversión del Gobierno en esta legislatura será el agua. La gran muñidora del recorte del Trasvase Tajo-Segura, Teresa Ribera, continuará como ministra de Transición Ecológica, al igual que el proyecto para ir cerrando el Acueducto y complementar los caudales de la tubería por agua desalada. La alternativa prevé una inversión en esta legislatura de 330 millones de euros, de los que 171,8 van a ir a parar a la desaladora de Torrevieja.

El objetivo es aumentar la capacidad de la planta de 80 a 120 hectómetros cúbicos al año. Con este excedente de 40 hectómetros cúbicos, se quiere reasignar la mitad de abastecimiento a la población para el regadío de la agricultura. El resto se reasignará según las necesidades.

No ya en materia de inversiones, que también, pero Alicante presentó proyecto a dos de las agencias europeas a las que aspiraba España: la del espacio, en Elche, y la de inteligencia artificial, en Alicante. Los dos fueron a dos ciudades gobernadas por el PSOE.

La provincia es sede de la Casa Mediterráneo, institución diplomática dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores que se creó en época de Rodríguez Zapatero. También tiene la Euipo, oficina comunitaria de marca. Sin embargo, los últimos sinsabores pueden hacer que el Gobierno mire en algún momento para impulsar en Alicante alguna gran institución nacional. En la capital, tan solo la biblioteca del Paseíto Ramiro y la Muestra de Teatro Contemporáneo tienen financiación estatal. Parece que muy poco para una provincia con el potencial económico y demográfico de Alicante. Quedan por delante cuatro año para verlo.