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A. Jover / E.Press
Viernes, 3 de noviembre 2023, 17:58
Cuando todo parece que la investidura de Pedro Sánchez será cuestión de días, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) ya ha adelantado al Ejecutivo central sus demandas. En un encuentro entre la patronal y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en Alicante, el presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha reclamado la ampliación del Aeropuerto de Alicante-Elche, así como su conexión con Benidorm.
En los 'Encuentros sobre Infraestructuras' que organizan periódicamente los empresario, Navarro ha recalcado que la ampliación del aeropuerto alicantino es un «elemento fundamental» para la economía de la Comunitat Valenciana y también de la española, al tiempo que ha pedido «futuras conexiones necesarias» entre la infraestructura aeroportuaria y la localidad turística.
Igualmente, ha lamentado que el Gobierno «ha situado a Alicante en la provincia 52 en términos de inversión por habitante» y ha sostenido que «no puede seguir siendo la provincia y la comunidad con menos aportaciones por parte del Estado».
Entre las reivindicaciones de la CEV, Navarro también ha destacado la Variante de Torrellano, de la que ha precisado que están en contacto con Adif y trabajan en ella. Igualmente, ha reclamado «inversiones en eficiencia energética, agua, regadíos y todo en lo que Alicante está en una situación de desventaja respecto a otras provincias».
La delegada del Gobierno ha defendido que el Gobierno «ha destinado a la provincia de Alicante más de 2.000 millones de euros en esta legislatura». Para Bernabé se trata de una «inversión histórica que muestra el compromiso con las infraestructuras estratégicas de Alicante en materia ferroviaria, viaria e hídrica».
«El Gobierno de España es el que más ha invertido en la provincia, consciente de que es una pieza indispensable en el contexto económico. Ha impulsado a Alicante para que sea una de las provincias tractoras de la economía española», ha subrayado.
En este sentido, ha apuntado que el 50 % de la licitación en obra pública del Gobierno de España en lo que llevamos de año ha sido destinado a Alicante (212 millones de euros). Esta cuantía «supone 170 millones de euros más que lo que licitó el Gobierno el año pasado y casi 200 millones más que en 2019», según ha recalcado.
Además, ha insistido en que el Ejecutivo ha licitado en los últimos años obra pública en la provincia de Alicante por valor de 427 millones de euros. «En 2022, la Comunitat Valenciana fue la autonomía con mayor volumen de licitación», ha añadido.
En cuanto a los Fondos Next Generation, Bernabé ha precisado que en la provincia de Alicante se están ejecutando más de 9.500 proyectos con más de 421 millones de euros de financiación a través de los fondos europeos que gestiona el Gobierno.
En materia de carreteras, la delegada ha subrayado los 105 millones para creación de un tercer carril de la AP7 entre Crevillent y el enlace de Orihuela/Benferri; los 57 millones para la puesta en marcha y mejora de la variante de Benissa o los 30 millones en 2023 para conectar la AP-7 con la carretera N-332.
Por lo que respecta a las inversiones ferroviarias, Bernabé ha puesto en valor las inversiones llevadas a cabo por el Gobierno para el Corredor Mediterráneo «una infraestructura fundamental para Alicante». «Se han licitado más de 5.500 millones de euros, se han adjudicado 4.123 millones y se han ejecutado actuaciones por valor de 2.513 millones», ha afirmado.
Asimismo, ha resaltado que ya está en marcha la redacción del proyecto básico y de obras de la Variante de Torrellano, que permitirá la conexión de Alicante y Elche con el aeropuerto y que supone una alternativa a las vías de la fachada marítima, con una inversión aproximada de más de 100 millones.
En cuanto a infraestructuras hídricas, ha calificado de «histórico» el acuerdo del trasvase Júcar-Vinalopó y ha enfatizado que es «un hito, ya que garantiza el agua a 22.000 agricultores de Alicante, durante los próximos 10 años a 0,24 céntimos».
También ha mencionado las obras de los ocho tramos de conducción han supuesto una inversión de 328 millones y la inversión prevista en la instalación de placas fotovoltaicas, que «solventen el problema del alto precio por los costes energéticos», de 97,6 millones.
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