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Movilización contra un desahucio en Alicante. SHOOTORI
Movilización vecinal en la Zona Norte de Alicante para frenar el desahucio de una familia con un menor discapacitado

Movilización vecinal en la Zona Norte de Alicante para frenar el desahucio de una familia con un menor discapacitado

Alertan de que el matrimonio y su hijo de seis años «no tienen alternativa habitacional y corren el riesgo de quedarse en la calle»

Adrián Mazón

Alicante

Jueves, 2 de mayo 2024, 17:45

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La Zona Norte de Alicante se moviliza contra el desahucio de un matrimonio con un hijo de seis años con un alto grado de discapacidad, que «no tienen alternativa habitacional y corren el riesgo de quedarse en la calle». El Sindicat de Barri Carolines se concentrará el próximo martes 7 de mayo para tratar de impedir el desalojo, en el número 4 del Pasaje Artesanía -cercano a la plaza de Orán de Alicante- a las 11.30 horas.

La organización vecinal ha afirmado que la mujer afectada posee un informe de vulnerabilidad actualizado y «no recibe ningún tipo de ayudas», ya que tiene el permiso de residencia en trámite, pero ha lamentado que esto «no ha sido suficiente para poderse acoger al Real Decreto-ley 8/2023, demostrando una vez más su nula protección».

Asimismo, el Sindicat de Barri ha señalado que su hijo de seis años «padece una grave enfermedad, llamada parálisis cerebral infantil con epilepsia, que le mantiene lastrado a una silla de ruedas y le hace necesario asistir al Centro de Educación Especial Santo Ángel de la Guarda, de Alicante«.

Pese a ello, la organización vecinal ha censurado que, en el auto, el juez «desestima la suspensión del lanzamiento, aludiendo a que es un procedimiento entre personas físicas y que el juzgado no puede caer en el error de suplantar la labor de protección del Estado, e insta a los servicios sociales a adoptar medidas efectivas y a las autoridades legislativas a revisar la norma del RD 8/2023, ya que se dictó para dar una solución temporal en un contexto determinado y se está consolidando en el tiempo«.

«Una vez más, nos escandaliza y ponemos de manifiesto cómo la judicatura está introduciendo su ideología a la hora de tomar decisiones, para nosotras de manera arbitraria, dificultando la defensa del derecho a la vivienda y favoreciendo la especulación con la misma«, ha denunciado el Sindicat.

Asimismo, la organización ha apuntado que, en este caso, el propietario del inmueble es un particular, que «posee seis viviendas a su nombre, por lo que no las necesita para vivir». «Nunca podemos ponerlo en el mismo lugar que la familia afectada», ha sostenido.

«No es solo un problema de bancos y fondos buitres. Son nuestros propios vecinos los que, embaucados por los cantos de sirena de negocio fácil, acaban utilizando nuestras necesidades más básicas como bien de mercado, contribuyendo así a la escalada de precios«, ha aseverado.

En este contexto, el Sindicat de Barri ha rechazado «de manera frontal la inclusión de la vivienda como bien de mercado«, ya que consideran que «contribuye a la gentrificación, la precarización de la clase trabajadora y a la subida de la escalada especulativa».

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