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El grupo socialista denuncia que la solicitud de vivienda pública en Alicante se disparan un 58% en nueve meses

El grupo socialista denuncia que la solicitud de vivienda pública en Alicante se disparan un 58% en nueve meses

El PSOE afirma que Barcala «bloquea nuevas inscripciones» | Castell avisa de la posible pérdida de casi diez millones de fondos estatales si no se ponen en marcha los proyectos comprometidos

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Alicante

Jueves, 18 de abril 2024, 17:40

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El grupo municipal Socialista ha denunciado «el bloqueo», desde 2016, de las listas para inscribirse en los diferentes programas de vivienda municipales. El grupo municipal socialista ha echado la culpa de este parón al Patronato de la Vivienda «que depende del ejecutivo de Luis Barcala».

Según han afirmado a través de un comunicado el número de familias alicantinas en lista de espera para acceder a vivienda pública se ha disparado un 58% en los últimos nueve meses. En total, la cifra total de peticionarios asciende a 4.504, según ha admitido la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, a través de su registro autonómico de vivienda.

«El aumento del número de peticionarios de recursos habitacionales demuestra que son cada vez más las familias que están teniendo dificultades para acceder a una vivienda debido al encarecimiento de los alquileres y por el elevado precio de venta de los inmuebles. Mientras tanto, el ejecutivo de Barcala mira hacia otro lado: rechaza declarar la zona como tensionada, mantiene bloqueadas las listas de espera municipales y no contempla la construcción de ninguna vivienda social para este año», ha denunciado la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Ana Barceló. En ese sentido, ha recordado que el pleno municipal aprobó en noviembre una resolución para forzar a Barcala a reabrir la lista de vivienda del patronato municipal, algo que no ha cumplido.

En concreto, el número de peticionarios de vivienda pública en el registro autonómico se ha incrementado de 2.847 a 4.504 en los últimos nueve meses, tal y como ha admitido la conselleria del ramo a raíz de una pregunta registrada por el Grupo Socialista de Les Corts Valencianes.

Dada la situación de emergencia habitacional que sufren las familias alicantinas, que va en aumento según se desprende de las cifras, el Grupo Socialista ha reclamado al alcalde que especifique cuáles son los terrenos públicos que va a poner a disposición de la Generalitat Valenciana para impulsar planes de construcción de vivienda pública.

Un proyecto de casi diez millones en el aire

El grupo Socialista ha denunciado que la parálisis del ejecutivo de Barcala en materia de política de vivienda no sólo afecta a la construcción de nuevos inmuebles. En ese sentido, existen proyectos para la rehabilitación de viviendas que se encuentran absolutamente paralizados, según ha explicado la concejala Silvia Castell. Un buen ejemplo es el proyecto para rehabilitar 456 viviendas en Virgen del Remedio. Se trata de una intervención que está financiada con 9,3 millones de euros por el Gobierno Central a través de fondos europeos, además de 638.400 euros de la Generalitat Valenciana. El gobierno municipal se comprometió en junio de 2022 a consignar fondos municipales en los presupuestos de 2023 y 2024, donde se tendrían que haber reservado 1,6 millones de euros pero, sin embargo, sólo se han consignado 97.365 euros.

«El Gobierno central remitió al Ayuntamiento la mitad de los fondos comprometidos, casi cinco millones de euros que ya ha recibido el Ayuntamiento. Sin embargo, el gobierno del PP no ha sido capaz de poner en marcha el proyecto. Corremos el riesgo de perder casi 10 millones de euros de inversión porque estamos incumpliendo los plazos comprometidos», ha advertido Castell.

En el pleno fijado para el próximo jueves se debatirá una declaración institucional del Grupo Socialista para exigir al gobierno municipal que acelere este proyecto en Virgen del Remedio, ponga en marcha una oficina de información y asesoramiento para los propietarios que se puedan ver beneficiados de esta inversión, y que se realice la aportación de crédito necesario para poder poner en marcha las obras, con la inversión de los 3 millones de euros que debe aportar el Ayuntamiento en diferentes anualidades para la ejecución global del proyecto.

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