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Las últimas lluvias en la provincia de Alicante han provocado grandes daños, como el desprendimiento de los balcones de un inmueble ubicado en la calle San Martín de Porres del municipio de Villena. El deterioro de las viviendas y las fuertes precipitaciones han generado esta situación.
El Ayuntamiento de Villena, a través de la Concejalía de Urbanismo, ha establecido medidas preventivas y de seguridad para evitar más daños, tanto personales como materiales. Por ello, ha prohibido a los vecinos del inmueble hacer uso de los balcones. Además, el Consistorio ha acordonado la vía pública para evitar el paso de peatones y el aparcamiento y estacionamiento de vehículos en la zona.
Dicha medida se ha tomado a instancias de los informes técnicos y tras la reunión mantenida en enero con los propietarios que alertaban del estado de deterioro de estas estructuras, aceleradas por los últimos desprendimientos ocasionados con los episodios de fuertes lluvias de estos días.
La Concejalía de Urbanismo informó a los propietarios de estas viviendas, que cuentan con una vida de más de 50 años, de la necesidad de acometer reformas de seguridad. Tras los siniestros, exige a las comunidades de propietarios que tomen medidas y hagan las reparaciones necesarias.
El edil de Urbanismo, Francisco Iniesta, ha explicado que «las medidas propuestas tienen por objeto proteger a las personas, tanto a quienes viven en estos apartamentos como a los transeúntes, ante eventuales nuevos desprendimientos». El concejal, que ha aclarado también que la responsabilidad del estado del inmueble es de cada uno de los propietarios, mostró su predisposición a colaborar con ellos en la búsqueda de soluciones.
La resolución de la Concejalía de Urbanismo de Villena apela a los propietarios a «la mayor brevedad posible, dado el carácter urgente por tratarse de posible caída de elementos a la vía pública, que todas las comunidades de propietarios en las que se observe peligro de desprendimientos deberá realizar los trabajos necesarios para conseguir la seguridad de la zona a la que recae, retirando aquellos elementos susceptibles de caer, así como la colocación de elementos de seguridad y/o apuntalamiento frente al riesgo si fuese necesario».
Además, se establece que se realicen informes técnicos por parte de la comunidad de propietarios para «determinar cuáles son los motivos de la enfermedad de la estructura y de qué manera hay que intervenir en ella para solucionar el problema: reparación, refuerzo o sustitución».
Por ello, la Resolución considera que «puesto que se trata de edificaciones de más de cincuenta años, se requerirá a las comunidades que todavía no lo tengan el Certificado acreditativo del Informe de evaluación del edificio, tal como marca la normativa vigente, donde se revise el edificio para establecer las obras necesarias para su mantenimiento en condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad, atendiendo a la situación urbanística de la finca».
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