Profesores alicantinos instan al futuro Consell a derogar la ley de plurilingüismo por «sectaria y antipedagógica»

En las elecciones municipales y autonómicas se ha escogido al alicantino Carlos Mazón como futuro presidente del Consell, pero el candidato popular necesita apoyo para tener mayoría absoluta y gobernar. Por eso, tras los resultados del 28M, y ante este giro en la Generalitat, diferentes asociaciones relacionadas con el mundo de la educación han querido dar su opinión, proponer ideas y poner sobre la mesa sus expectativas para la nueva legislatura.

Un ejemplo de ello es la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística (PDLL), de la que forman parte decenas de profesores de la provincia de Alicante. A pesar de ser una asociación civil y apartidista, «no es apolítica». Por el contrario, se considera «un instrumento de acción política que pretende influir en las decisiones que nuestros representantes, democráticamente elegidos, tomen en diferentes aspectos», como con respecto a la «imposición del valenciano».

PDLL forma parte de Escuela de Todos, que está formada por veinte asociaciones que comparten el mismo objetivo: garantizar que el español sea lengua vehicular en todas las comunidades autónomas de España. Esta agrupación considera que en la Comunitat Valenciana es necesario un «cambio de rumbo» que sea «respetuoso con la libertad y los derechos de todos» a estudiar, trabajar y promocionar socialmente «sin peajes identitarios, ideológicos ni lingüísticos».

La Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística está decidida a hacer valer este mensaje y «exigir su cumplimiento» a los nuevos gobernantes «sin concesiones ni medias tintas». Por tanto, y desde su posición, PDLL propone al nuevo gobierno que se forme en el Consell que derogue de forma inmediata la ley 4/2018 «por sectaria y antipedagógica».

Los docentes que conforman la plataforma coinciden en que se trata de una ley «discriminatoria» con los alumnos que tienen problemas de aprendizaje, ya que no les permite estudiar en su lengua materna y eso dificulta más -si cabe- su comprensión. Asimismo, consideran que es «segregadora» y que «castiga muy especialmente» a los estudiantes más vulnerables.

De igual forma, la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística demanda al Consell la derogación de la Orden 4/2021, de 16 de marzo, de la Conselleria de Innovación y Universidades. En ella se establece que todos los alumnos exentos de cursar valenciano en Bachillerato deberán presentarse «obligatoriamente» al examen de esta asignatura en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) a partir del año 2027.

Y en cuanto a la selectividad se refiere, DPLL también exige que se establezcan unas únicas pruebas para todo el territorio nacional. Según su punto de vista, tal y como están establecidas las PAU -diferentes en cada comunidad autónoma-, se produce una «desigualdad de contenidos, criterios de evaluación y modelos de examen».

En este contexto, los docentes que componen la plataforma han determinado que, por ejemplo, los alumnos de Alicante, Valencia y Castellón se ven más castigados que los de las Islas Baleares -que se examinan de catalán- en los exámenes de selectividad. Por este motivo, desde DPLL han defendido que el gobierno del Consell «no puede permitir» que los estudiantes de la Comunitat «vayan en inferioridad respecto de los de otras comunidades».

Tras años de «lucha» contra el -todavía- gobierno de la Generalitat Valenciana con respecto a lo expuesto, la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística seguirá en pie de guerra con los políticos que corresponda si no cumplen con aquello que consideran estrictamente necesario en materia de educación. «No podemos ser permisivos con las leyes que cercenan derechos», ha defendido la asociación.

En este sentido, y ante la inminente llegada del popular Carlos Mazón -y posiblemente de Carlos Flores de parte Vox- al Consell, los docentes que componen DPLL han sido contundentes: «Vamos a mantener o redoblar los esfuerzos de vigilancia y control sobre el nuevo ejecutivo, de manera que sea leal al mandato recibido y actúe conforme a los compromisos libremente expresados».