Familias de la Vega Baja llevan al Consell a los juzgados por la «imposición» del valenciano

«Si este es el problema que tenéis, a los tribunales y allí nos encontraremos». Según el portavoz de la asociación Ampas Vega Baja, Álvaro Mellado, esta fue la respuesta del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional de la Conselleria de Educación, Miguel Soler, cuando padres y profesores de la Vega Baja se manifestaron contra la «imposición» del valenciano.

En este sentido, en la comarca del sur de Alicante han expresado por activa y por pasiva su posición contraria a la ley 4/18 por la que se regula y promueve el plurilingüismo y que obliga a los centros educativos de la Comunitat Valenciana a impartir un 25% de las materias en lengua valenciana para conseguir una 'inmersión lingüística'.

Y es que, aunque tanto el castellano como el valenciano están reconocidos como oficiales, de acuerdo con el artículo 6.7 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana «se delimitarán por ley los territorios en los que predomine el uso de una y otra lengua, así como los que puedan ser exceptuados de la enseñanza y del uso de la lengua propia de la Comunitat Valenciana».

Ello significa que hay algunas zonas denominadas 'castellanoparlantes' en las que los estudiantes pueden solicitar la exención de estudiar la asignatura de valenciano. Y entre ellas se incluye la Vega Baja. Según explica el portavoz de Ampas Vega Baja, hasta la aparición de la ley 4/18 «esto no había generado ningún conflicto en las aulas», y que los alumnos «solían escoger estar exentos a partir de los últimos cursos de la ESO o en Bachillerato».

Sin embargo, ahora los estudiantes se encuentran con que, aunque no cursen la materia 'Valencià: Llengua i Literatura', sí que tienen que estudiar otras en lengua valenciana. Ante eso, asociaciones como Ampas Vega Baja y Docentes por la Libertad Lingüística aseguran que «no tiene sentido que los niños puedan tener la exención y sin embargo tengan, por ejemplo, Física y Química o Historia en valenciano», tal y como declara Álvaro Mellado.

En este contexto que califican como «incoherente», las familias y los docentes de la comarca del sur de Alicante se unieron y se han movilizado. Después de no obtener respuesta alguna por parte del Consell tras la manifestación masiva contra la «imposición» del valenciano que tuvo lugar en Orihuela y a la que acudieron más de 20.000 personas, decidieron emprender el camino legal.

En primer lugar, se llevó a cabo una recaudación de fondos para poder hacer frente a los gastos jurídicos. Según Álvaro Mellado, «contribuyeron muchas Ampas y profesores -como los que componen la Plataforma Docentes por la Libertad Lingüística-». Además, asegura que también se recibieron muchas «donaciones privadas de gente que no tenía hijos pero se sentía muy motivada por la causa».

Con esta iniciativa, a través de Ampas Vega Baja, se recaudaron algunos miles de euros y las familias se pusieron en manos del despacho de abogados de Torrevieja Chapapría Navarro y Asociados. Asesorados, presentaron cerca de mil recursos de alzada contra la Administración, concretamente 933, en el mes de junio de 2021, como explica el portavoz de la asociación.

Posteriormente, cuatro familias se convirtieron en la 'punta de lanza' de la causa. Es decir, que en noviembre de 2021 presentaron cuatro contenciosos contra la Conselleria de Educación. En cada uno de estos casos, los estudiantes afectados están exentos de cursar la asignatura de valenciano pero estudian otras materias en dicha lengua.

Puesto que se trata de un «trámite largo», Álvaro Mellado explica que «han tardado» en tener noticias por parte de los tribunales. Al parecer, los contenciosos han pasado de mano en mano entre los juzgados de Alicante y Valencia hasta que finalmente «se han puesto en marcha». Así, dos de ellos se encuentran próximos a una primera resolución.