Clamor contra la nueva ley de Educación: «Ha bajado el rendimiento académico de los escolares»

Un trimestre con la nueva Ley de Educación (Lomloe) en las aulas ha sido suficiente para calificarla de «desastre» para profesores y alumnos. Así lo expresa la secretaria general de la Fapa Gabriel Miró de Alicante y presidenta de la Confederación Valenciana de Ampas (Covapa), Sonia Terrero, quien asegura que «ni docentes ni padres» están contentos con ella.

Además, la previsión del resto del año académico no es mucho mejor. Terrero explica que en los centros educativos de la provincia falta personal tanto docente como no docente y que está siendo un año «muy complejo». La Lomloe ha cambiado por completo la manera de organizar los contenidos y también la forma de evaluar a los alumnos, por lo que se ha generado un clima «de caos», según la secretaria general de la Fapa.

Los objetivos fundamentales de la Ley de Educación o Ley Celaá, según recoge el documento oficial donde se expone son: renovar el ordenamiento del sistema educativo, incrementar la equidad y la inclusión, mejorar los resultados del alumnado y proporcionar una educación de calidad para todos y todas. Sin embargo, entre los cambios que ha introducido se encuentra uno muy controvertido: la eliminación del sistema de las calificaciones numéricas.

Las respuestas no han tardado en llegar después de ver los resultados de los alumnos tras más de tres meses de clase. Según Sonia Terrero, al incorporar un sistema de evaluación que elimina la puntuación, los estudiantes «han bajado el rendimiento académico».

Y es que los boletines de notas ya no son como hasta ahora. En el marco de la Lomloe se valoran aspectos como el desarrollo de las capacidades de aprender a ser, a hacer y a convivir, así como la inclusión educativa y la atención a la diversidad, por encima de las clásicas notas que incluían puntuar del 0 al 10 o del insuficiente al sobresaliente. Así, lo que se encuentran padres y estudiantes son informes en los que se valora la adquisición de competencias en cada una de las asignaturas.

En los colegios e institutos de Alicante «nadie entiende la ley», según la presidenta de Covapa. Explica que muchos de los conceptos expuestos no los comprenden «ni los propios docentes», y asegura que cuando llaman para preguntar a la Conselleria de Educación «tampoco les saben aclarar ni explicar bien las cosas». Por eso, apunta, todo este primer trimestre ha estado marcado por la improvisación y el «buen criterio» de los profesores, que están teniendo que trabajar «el doble».

Así, la presidenta de Covapa considera que tanto desde el Ministerio como desde la Conselleria de Educación «han hecho los deberes tarde por meter una ley obligatoriamente antes de que lleguen elecciones y sin pensar realmente en lo educativo, ni en lo pedagógico de nuestros hijos», y sin dotar de medios suficientes a los centros educativos como para poder ejecutar todo lo que dicta la Lomloe.

El Gobierno central manifestó su intención de introducir la Ley de Educación de forma progresiva, y la forma de hacerlo ha sido aplicarla a los cursos impares en este curso 2022/2023. En Primaria, 1º, 3º y 5º; en Secundaria, 1º y 3º; y en FP GB, 1º. Será por tanto en el curso 2023/2024 cuando se incorpore a los niveles restantes y todos los alumnos vayan a una con la Lomloe.

Sin embargo, el currículo de contenidos que deben enseñarse en las aulas de acuerdo con esta ley se puso a disposición de los docentes en agosto, así que «a penas tuvieron tiempo de prepararse», según declara la presidenta de Covapa. Además cuenta que muchas editoriales han tardado semanas en elaborar los contenidos, por lo que decenas de centros educativos de la provincia han pasado los primeros meses del curso sin libros de texto.

Por tanto, este año está suponiendo un reto «especialmente complicado» para los profesores. Han tenido que ir elaborando un plan educativo «sobre la marcha», sin ayuda institucional ni instrucciones claras, sin el apoyo de los libros de texto y enfrentándose a la falta de docentes.

Así, tanto desde la Fapa Gabriel Miró como desde Covapa califican la situación de «insostenible», y esperan, al menos, que desde Conselleria se escuchen sus demandas y se refuerce el la plantilla de profesores para que puedan al menos «tener más libertad», prepararse mejor y «dar clase como la quieren dar». Además, Sonia Terrero explica que ambas asociaciones reclaman un pacto educativo mediante el cuál «se blinde» la educación pública para que ni alumnos ni docentes tengan que lidiar con más cambios en las leyes de Educación.