San Vicente asume la octava prórroga del contrato de residuos para asegurar el servicio básico
El Ayuntamiento amplía temporalmente la gestión mientras se resuelve el nuevo contrato y el pleno vive un choque político por las mociones del 25N
El pleno del Ayuntamiento de San Vicente ha aprobado la ampliación de la octava prórroga forzosa del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, una medida con la que se busca garantizar la prestación del servicio hasta la entrada en vigor del nuevo contrato. La propuesta ha salido adelante con los votos favorables de PP y Vox y la abstención del PSOE, y cuenta con informes técnicos favorables. El importe estimado asciende a 3 millones de euros y estará vigente del 1 de diciembre de 2025 al 31 de mayo de 2026, o incluso menos si el nuevo contrato se activa antes, según detallan desde el equipo de gobierno.
La concejal de Contratación, Lourdes Galiana, ha subrayado la necesidad de esta ampliación «para garantizar la continuidad de este servicio esencial por razones sanitarias y de salubridad». La edil ha explicado que la adjudicación a la empresa Prezero continúa paralizada tras el recurso presentado por otra mercantil participante en el proceso de licitación.
Galiana ha añadido que, ante la incertidumbre del plazo exacto, «se ha aplicado un criterio de prudencia», recordando que, pasados dos meses desde la presentación del recurso, este «podrá considerarse desestimado» si no se comunica resolución. Asimismo, ha insistido en que «los verdaderos perjudicados de la suspensión somos todos los habitantes de San Vicente», remarcando «los esfuerzos del equipo de Gobierno para lograr un contrato acorde a las necesidades actuales de limpieza».
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Choque político por las mociones del 25N
Ninguna de las mociones presentadas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer logró el apoyo suficiente para salir adelante. La propuesta del PP fue rechazada por Vox, PSOE, EU-UP y Compromís, mientras que el texto de la oposición tampoco prosperó por la negativa de PP y Vox.
La concejal de Derechos Sociales, Mariela Torregrosa, lamentó los «discursos sesgados a conveniencia» que, a su juicio, están utilizando este tema «como herramienta para enfrentar y dividir a la sociedad». Torregrosa defendió que la violencia contra la mujer «no debería ser un arma política, sino un motivo para unirnos en la defensa de la vida y la dignidad».
En nombre del Grupo Popular, la edil reafirmó el compromiso municipal con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como la garantía de recursos para la atención de las víctimas, el refuerzo del personal técnico y la intención de reactivar un observatorio local de igualdad. «Vamos a trabajar en coordinación con los centros educativos y necesitamos estabilidad del personal para mantener los vínculos con los usuarios», ha señalado.
Torregrosa detalló, además, los motivos del rechazo a la moción de la oposición, señalando que incluía actuaciones «fuera de las competencias municipales» y recordando que «muchos de los servicios reclamados ya se están prestando».
Por su parte, la edil de Vox, Yolanda Iborra, justificó el voto en contra reclamando «medidas reales» que prioricen «la seguridad, la prevención y la protección efectiva». Entre sus planteamientos mencionó «revisar el modelo basado en la ideología de género» y «auditar externamente los fondos destinados a políticas de igualdad».
