Con las casas a cuestas en Alicante

El problema de la vivienda ha explotado en la agenda política de manera significativa. Las manifestaciones convocadas por colectivos de izquierdas en Madrid y Barcelona la semana pasada, reproducida este sábado en Alicante, ha sacado literalmente el problema a las calles. Los políticos, oliéndose el percal, han comenzado a tomar nota del desencanto, sobre todo de los jóvenes, los principales perjudicados.

La Ley de Vivienda promovida por el Gobierno central hace ya más de un año se ha revelado, cuanto menos, ineficaz para paliar la continuada subida de precios de la vivienda (que se incrementará más con la reciente y esperada próxima reducción del Euribor) tanto de venta como de alquiler en Alicante.

Basta echar un vistazo a la hemeroteca de TodoAlicante para comprobar como, mes a mes, los precios rompen récords históricos a la vez que se reduce la oferta. El penúltimo informe destaca el momento actual del sector: «Las leyes de vivienda disparan el alquiler vacacional y de temporada más de un 300% en el último lustro en Alicante», firmaba el compañero Óscar Bartual hace una semana. Otro dato más que aporta este análisis: «La oferta de renta residencial se hunde un 20% en los últimos cinco años como consecuencia de las diferentes regulaciones en esta materia».

Insistir, por tanto, en el error parece contraproducente. Sin embargo, tanto los llamados 'sindicatos de inquilinos' como los partidos políticos con los que comparten ideología percuten en el mismo mantra: declarar Alicante como ciudad tensionada; topar los precios y confiar en la buena voluntad de propietarios de que expongan su patrimonio para obtener pocas, o ninguna, renta.

Este problema de la vivienda venía larvándose en los últimos años al margen de las preocupaciones de las administraciones y, a muchas, les han pillado con el pie cambiado. En Alicante viene de raíz. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) data de 1987, cuando los padres de los actuales inquilinos igual ni se conocían.

La expansión de la ciudad en la década de gobierno municipal de Luis Díaz Alperi se hizo a golpe de planes parciales. No salió mal y ahí tenemos un montón de ejemplos: los llamados PAUs (Plan de Actuación Urbanística) en San Blas, Playa de San Juan, Pla... Y otros que se quedaron en el tintero, como Albufereta, por no hablar de Rabasa.

Los intentos de construir una herramienta urbanística no han cuajado, bien por problemas internos o por encontrarse inmersos en procesos judiciales sobre presunta corrupción que, lustros después, no han llegado a nada.

Ahora, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, tiene que arar con estos bueyes. La Concejalía de Urbanismo, que gestiona Rocío Gómez, y la directora de la Oficina del Plan General, Leticia Martín, van quemando etapas a pasos agigantados. Pero no es suficiente. Los tiempos técnicos nada tienen que ver con los políticos.

Por tanto, toca desempolvar viejos proyectos para sacar ya vivienda a la calle para aumentar la oferta. En plena urbanización está Benalúa Sur y Vistahermosa Norte; anunciado Lomas del Garbinet; dentro de poco se recuperará el plan parcial de Albufereta... En total, 6.000 viviendas se crearán en Alicante hasta 2027, dos mil de ellas de protección oficial.

Pero ni aún así. Aunque el Ayuntamiento tenga proyectada una estrategia a largo plazo para la expansión de la ciudad hasta el límite con San Vicente del Raspeig y mil planes más de comunicaciones e infraestructuras, también tiene que tomar medidas inmediatas. Que no solucionarán los problemas de fondo, pero que dan respuesta al momento social y político del día de hoy. Que cuenta igual que lo otro.

De ahí que Barcala anunciara en el Debate del Estado de la Ciudad los 'cheques alquiler' de 350 euros para jóvenes. En el mismo día, y casi a la misma hora, que hacía el mismo anuncio Pedro Sánchez. Respuestas rápidas a problemas complicados.

Una solución que parece improvisada dadas las urgencias políticas expuestas en el propio Debate del Estado de la Ciudad, donde la vivienda fue clave de bóveda en los discursos de todos los grupos políticos. Pero, una vez lanzada, toca apechugar. Por ello, el Ayuntamiento poco tardó en reaccionar para confirmar que, haya o no presupuestos, se dotará a través de modificaciones de crédito o como haga falta. La palabra del alcalde está en juego y no puede quedar mal.

Algo similar ocurre con el 'cheque bebé' de 250 euros para nuevos nacimientos. Los expertos reunidos en el Congreso sobre Infertilidad ya advirtieron en Alicante de la «grave amenaza» demográfica que se cierne en España, donde nacen menos niños que plena Guerra Civil.

Sí, el problema es preocupante, pero ocurre como con la vivienda: no es sencillo y requiere de medidas de largo recorrido (la vivienda entre ellas, pero no solo, también mejores sueldos, conciliación laboral...). De ninguna forma, creo, el Ayuntamiento de Alicante solucionará el problema de la natalidad con este 'cheque bebé'.

Pero tiene su sentido, en este caso, político. No son elecciones, pero cada norma y cada presupuesto se sufren. Mucho más que en la relajada legislatura anterior. El 'cheque bebé' sí es muy del agrado de Vox, con los que los populares quieren cerrar las cuentas de 2025.

Barcala juega con la 'geometría variable' que inventó Zapatero: ayer con Compromís los veladores; hoy, con EU-Podem el 'tasazo' de la basura y mañana, con Vox, los presupuestos. El equipo de gobierno juega con las cartas que hay sobre la mesa. No le queda otra, hay que sacar adelante los proyectos a largo plazo mientras se solventa el día a día. Es la primera regla de todo buen político.

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