Compromís pide responsabilidades al alcalde de Alicante por la trama de construcciones ilegales en suelo protegido

Compromís en el Ayuntamiento de Alicante pedirá «responsabilidades políticas» al alcalde, Luis Barcala, y a los concejales de Urbanismo y Seguridad, Rocío Gómez y Julio Calero, después de que la Guardia Civil haya investigado a 14 hombres, seis mujeres y un persona jurídica por delitos sobre ordenación del territorio y urbanísticos relativos a construcciones ilegales en suelo protegido de Alicante, así como contra los derechos de los trabajadores.

En un comunicado, el portavoz de Compromís denuncia que «una vez más, la sombra de la corrupción urbanística salpica el Ayuntamiento de Alicante y, una vez más, bajo el mandato del Partido Popular». Ante esta situación, «al igual que hacen los vecinos«, acusa al equipo de gobierno de Barcala »de inacción, de no haber actuado con diligencia«. »Si tienen denuncias durante meses, ¿por qué no han actuado ante decenas de denuncias de vecinos que denunciaban estas especulación masiva que sufren las partidas rurales, con asentamientos ilegales en zonas inundables?«, se pregunta.

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante ya ha tramitado los primeros decretos de suspensión de obras en estos asentamientos irregulares en zonas inundables, según comunicó el equipo de gobierno en diciembre. A su vez, han requerido a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT) para que se prioricen las actuaciones en las zonas con riesgo de inundación. Este organismo, dependiente de la Conselleria de Territorio, ha levantado 40 expedientes por construcciones irregulares en zonas inundables.

Urbanismo ya notificó ya el primer decreto de suspensión de obras ilegales en La Cañada del Fenollar en diciembre, informaron fuentes municipales. En estos momentos existen en Urbanismo 40 expedientes abiertos por infracciones de este tipo, de los cuales 15 corresponden a suelo calificado como rambla. Para todos ellos el Ayuntamiento emitirá los correspondientes decretos de suspensión de obras, indican desde el equipo de gobierno.

Mas subraya que, «con lo peligroso que es, que ha debido intervenir la Guardia Civil y tomar las riendas del asunto ante la magnitud de este caso de presunta corrupción urbanística».

El portavoz de la coalición afirma que «Compromís lo tuvo claro» y, como no se «fía» del Ayuntamiento, preguntó al respecto al Ministerio para la Transición Ecológica, a través de una serie de preguntas parlamentarias del senador Enric Morera.

«Vamos a pedir responsabilidades políticas tanto a Luis Barcala como a la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y al responsable de Seguridad, Julio Calero, porque es presidente de la junta de distrito de las partidas y durante meses conocía esta situación y tampoco ha movido un dedo», expone, y avanza que pedirán la convocatoria de una junta extraordinaria de las partidas rurales, la junta de distrito 5.

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