La Guardia Civil desmantela la trama que vendía suelo rústico para chabolas en las partidas rurales de Alicante

La construcción de chabolas y viviendas precarias en partidas rurales destapadas por TodoAlicante ocultaba un entramado fraudulento de compra y venta de parcelas en suelo rústico no urbanizable que la Guardia Civil ha conseguido desmantelar. La operación 'Insidias 2' ha llevado a la desarticulación de esta organización criminal, en la que se ha investigado a una veintena de personas por delitos sobre ordenación del territorio y urbanísticos, así como contra los derechos de los trabajadores, según confirman fuentes del Instituto Armado.

La Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Alicante inició la investigación tras detectar la parcelación y construcción de un inmueble en una finca rústica del término municipal de Alicante. Esta edificación estaba ubicada en una zona protegida e inundable. Por tanto, ilegal.

No fue el único caso. Estas construcciones, poco a poco, iban desarrollándose cada vez más en partidas rurales de Alicante como Verdegás y Cañada del Fenollar, entre otras, lo que provocó reiteradas denuncias vecinales. TodoAlicante reflejó estas quejas de los residentes, a la par que la Guardia Civil investigaba estas actuaciones.

Así, los agentes pudieron determinar que la parcela, de unos 11.000 metros cuadrados, había sido dividida en 12 subparcelas, delimitadas y con construcciones en distintas fases de ejecución. Asimismo, se detectó la instalación ilegal de un sistema de suministro de agua no potable sin la correspondiente licencia urbanística. De todo ello estaban al corriente tanto el Ayuntamiento como la Conselleria de Territorio, que también habían levantado expedientes de sanción.

Las pesquisas revelaron que la finca había sido adquirida por una mercantil creada específicamente para su compra y posterior venta en participaciones a diferentes compradores. Incluso, según los vecinos, se anunciaba a través de diversos portales inmobiliarios en internet. Estos contratos privados encubrían la asignación de distintas subparcelas a cada adquirente, que conocían plenamente la ilegalidad de la parcelación y la imposibilidad de construir legalmente en ellas.

Como resultado de la investigación, se ha procedido a la imputación de las personas físicas implicadas, tanto vendedoras como compradoras, así como de la persona jurídica responsable de la parcelación ilegal. Además, se ha identificado a una persona como constructor ejecutor de la mayor parte de las edificaciones ilegales.

Durante las inspecciones realizadas, los agentes también descubrieron que parte de las obras fueron ejecutadas por un constructor que empleaba de manera habitual a trabajadores extranjeros en situación irregular en España, según detalla la Guardia Civil. Estas personas carecían de contrato de trabajo y no estaban dadas de alta en la Seguridad Social.

Según se ha podido determinar, los trabajadores eran contratados sin ningún tipo de medida de protección laboral, sin equipos de seguridad y en condiciones claramente inferiores a las establecidas legalmente. Además, en varios casos no llegaron a percibir el salario por el trabajo realizado, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, añaden las mismas fuentes.

A los investigados, 14 hombres y 6 mujeres de entre 25 y 66 años, y una persona jurídica, se les imputan delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, así como delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros. Todo ello se ha puesto conocimiento de los juzgados de Alicante para que lleven a cabo las diligencias que consideren oportunas.

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