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El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha afirmado este miércoles que el Ayuntamiento ha abierto una investigación sobre los asentamientos de chabolas y caravanas en la partida rural de la Cañada del Fenollar, hechos avanzados este miércoles por TodoAlicante. El primer edil ha afirmado que la presunta trama de parcelaciones ilegales y construcciones sin los permisos pertinentes en las partidas «no ha pasado desapercibida» y que son varias las administraciones que están «tomando cartas en el asunto desde diferentes ámbitos».
«No vamos a permitir que se pueda vulnerar la legalidad o se especule con cuestiones como éstas», ha destacado Barcala. El alcalde de Alicante ha explicado así las actuaciones municipales que se están realizando a colación de las más de 16 denuncias presentadas por la asociación de vecinos de la Cañada del Fenollar por presuntas irregularidades urbanísticas, tal y como ha adelantado este periódico.
Desde esta entidad también han presentado documentación ante el Seprona de la Guardia Civil y la Agencia Valenciana y de Protección del Territorio (AVPT) por esta práctica presuntamente irregular que se ha agudizado el último año.
«La situación es muy caótica, hay un estado de miedo porque la inseguridad ciudadana ha aumentado, antes esto era una barriada muy tranquila y ahora es peligrosa, incluso algunos vecinos han sido amenazados», explica el secretario y portavoz de la asociación de vecinos de La Cañada, José Cremades.
Los vecinos incluyen en sus reclamaciones que los asentamientos están afectando a una zona de rambla protegida, que estas construcciones alteran el equilibrio del suelo e incluso están obligando a especies protegidas a tener que desplazarse de sus madrigueras. A los vecinos también les preocupa que afecten al sistema de drenaje natural del terreno y que en caso de precipitaciones fuertes el bloqueo de esta zona inundable «puede provocar desastres importantes en la zona».
Desde esta entidad solicitan sanciones más severas a los infractores y que se refuercen las inspecciones en las áreas afectadas para prevenir nuevos asentamientos. «Nuestra comunidad no puede seguir siendo víctima de la especulación ilegal que amenaza nuestro estilo de vida y degrada nuestro entorno natural», concluye el portavoz.
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