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La construcción de viviendas ilegales ha vuelto a las partidas de Alicante. Los vecinos de La Cañada del Fenollar se han organizado para presentar denuncias al área de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT) y al Seprona de la Guardia Civil ante la aparición de construcciones presuntamente ilegales en una finca de la zona, tales caravanas, cabañas y chabolas.
Los vecinos han denunciado que desde hace un año hay asentamientos en varios terrenos de las partidas rurales de la ciudad. «La situación es muy caótica, hay un estado de miedo porque la inseguridad ciudadana ha aumentado, antes esto era una barriada muy tranquila y ahora es peligrosa, incluso algunos vecinos han sido amenazados», explica el secretario y portavoz de la Asociación de Vecinos de La Cañada del Fenollar, José Cremades.
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Tere Compañy Martínez
Desde esta entidad han presentado ya más de 16 denuncias - sobre más de 20 fincas existentes- al Ayuntamiento de Alicante por las presuntas irregularidades urbanísticas, a las que se suman otras al Seprona relacionadas con la situación de rambla del terreno y supuestos delitos medioambientales relacionados con la flora y la fauna autóctonas de este terreno que, a día de hoy, sigue calificado como rural. Además, ellos mismos se han encargado de recopilar a qué parcelas afecta esta presunta ilegalidad.
«Nos sentimos totalmente abandonados por el Ayuntamiento y la Policía Local no quiere tomar medidas ni enfrentarse al problema. Al final hay un problema de vivienda en Alicante y nos lo trasladan aquí que era un barrio muy tranquilo», explica este dirigente vecinal.
Entre las denuncias que han presentado desde esta entidad también han elevado su queja al Síndic de Greuges, que ha admitido a trámite la queja y reclamado información al Ayuntamiento de Alicante y la AVPT.
«Estamos viendo cómo las autoridades locales evitan tomar medidas cautelares y se pasan la responsabilidad de un organismo a otro, sin querer enfrentar el problema de manera directa«, declaran desde esta asociación. «La estafa es evidente y se está realizando a plena vista, con anuncios públicos de venta de parcelas ilegales. Hemos presentado pruebas contundentes, pero las autoridades prefieren no actuar», insiste Cremades.
Los vecinos incluyen en sus reclamaciones que los asentamientos están afectando a una zona de rambla protegida, que estas construcciones alteran el equilibrio del suelo e incluso están obligando a especies protegidas a tener que desplazarse de sus madrigueras. A los vecinos también les preocupa que afecten al sistema de drenaje natural del terreno y que en caso de precipitaciones fuertes el bloqueo de esta zona inundable «puede provocar desastres importantes en la zona».
Desde esta entidad solicitan sanciones más severas a los infractores y que se refuercen las inspecciones en las áreas afectadas para prevenir nuevos asentamientos. «Nuestra comunidad no puede seguir siendo víctima de la especulación ilegal que amenaza nuestro estilo de vida y degrada nuestro entorno natural», concluye el portavoz.
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