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Terrazas en la calle Castaños. Shootori
Alicante restringirá los bares en la calle Castaños y el Casco Antiguo

Alicante restringirá los bares en la calle Castaños y el Casco Antiguo

El Ayuntamiento va a iniciar la aplicación de dos Zonas Acústicamente Saturadas en estos enclaves

Jueves, 30 de mayo 2024, 13:13

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La sentencia judicial que obliga a Alicante a aplicar una Zona Acústicamente Saturada (ZAS) ha obligado al Ayuntamiento de Alicante a mover ficha. El concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha anunciado en el pleno que el equipo de gobierno promoverá la restricción a locales de ocio y terrazas no en una, sino en dos enclaves de la ciudad: la calle Castaños y el Casco Antiguo.

El también vicealcalde ha aceptado la petición de comparecencia que había presentado el grupo socialista sobre el problema del ruido en el Centro Tradicional. El pleno municipal ha sido testigo de una larga explicación sobre las medidas que se van a poner en marcha sobre esta cuestión y ha desgranado las razones que han llevado al equipo de gobierno a recurrir a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 que daba dos meses para aplicar una ZAS en la calle Castaños.

Villar ha afirmado que su intención es «que el ruido deje de ser un problema esta legislatura». Para ello ha querido dejar claro que, pese a que han recurrido la sentencia, eso no significa que no se vayan a empezar a tomar medidas.

Por lo pronto, ha anunciado que se aplicarán dos zonas ZAS en Alicante: una en el entorno de Castaños y otra en el Casco Antiguo. «Vamos a llevar a cabo las actuaciones necesarias para solucionar el problema y garantizar el derecho al descanso de los vecinos», ha remarcado en dos ocasiones el concejal. En ese sentido, Villar ha remarcado que« los derechos fundamentales deben primar» y que «la actividad comercial debe amoldarse en este derecho».

Entre las medidas que el concejal responsable del área ha explicado que ya se toman se encuentra la instalación de sonómetros y sistemas de medición del ruido. También ha desgranado que, gracias a la realización de un inventario de actividades de ocio, se ha podido realizar un modelo de simulación acústica que ha permitido evaluar los niveles de ruido en las diferentes zonas y acotar el problema.

Además, se convocará una mesa de trabajo con vecinos y empresarios para explicar las medidas que se aplicarán en el entorno de Castaños.

La oposición ha defendido la necesidad de la comparecencia. El concejal socialista Raul Ruiz ha afirmado que «la ZAS de Castaños tiene que llevarse a cabo con rigor y transparencia y no puede ser un parche que traslade el problema a otras zonas de la ciudad». Por su parte, el edil de EU-Podem, Manolo Copé, ha aseverado que «están gobernando contra la ciudadanía». En esa misma línea ha hablado el portavoz de Compromís, Rafa Mas, «usan los recursos de la administración para ir en contra de los vecinos; cobran unos sueldazos, páguelo de su bolsillo». El concejal de Vox Mario Ortolá ha reclamado al PP que se reúnan con el sector del ocio: «Estamos hablando de gente que se está jugando su patrimonio para dar de comer a su familia».

Durante la comparecencia, el edil socialista Raúl Ruiz ha interrumpido la intervención lo que le ha supuesto dos llamadas al orden por parte del alcalde, Luis Barcala.

El recurso de la sentencia

El concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, también ha explicado cuáles son las razones que han llevado al equipo de gobierno a presentar recurso a la sentencia que ordena la aplicar una ZAS en la calle Castaños. Este recurso no impedirá aplicar medidas pero que no comparten algunas cuestiones de la sentencia «por los intereses municipales».

«El fallo habla de la aceptación íntegra de la demanda y no estamos de acuerdo con esta afirmación ya que en la sentencia se acepta la aplicación de la ZAS a solo una calle y no a la totalidad de la zona», ha remarcado Villar. Además, el edil ha destacado que la sentencia no ha tenido en cuenta las medidas adoptadas en la zona que «han provocado una disminución del ruido».

Entre los otros puntos que el equipo de gobierno considera que contravienen el interés municipal está el plazo de dos meses que da el fallo para atajar el problema. En este sentido, reconoce que se impone la realización de un expediente cuyo plazo de tramitación es muy superior. El recurso paraliza el plazo de dos meses. «Con esta sentencia se impone una medida de imposible cumplimiento», ha explicado Villar.

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