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Usuarios esperando ser atendidos en las Urgencias del Hospital de Dénia TIno Calvo
Reversión de hospitales en la provincia de Alicante: el inquietante precedente de Torrevieja para Dénia y el Vinalopó

Reversión de hospitales en la provincia de Alicante: el inquietante precedente de Torrevieja para Dénia y el Vinalopó

El Consell avanza en sus planes de acabar con la gestión privada en Sanidad, obligado a no repetir los errores del pasado

P. Sellés

Alicante

Martes, 31 de enero 2023

En 2018 fue Alzira, y en 2021 Torrevieja. Para 2024, Dénia y Manises; y en 2025, el Vinalopó (Elche). Esta es la hoja de ruta de la Generalitat para acabar con el modelo de gestión privada en la sanidad impulsado por el Partido Popular hace décadas en algunos hospitales de la Comunitat.

La reversión de los dos primeros hospitales ya está consumada con la polémica por bandera, y en el caso de Dénia está confirmada. Manises y el Vinalopó son los siguientes en los planes del Consell, aunque la posibilidad de un cambio de gobierno tras las elecciones autonómicas del próximo mayo podría alterar las pretensiones del Botánic.

Al margen de estas hipótesis, lo cierto es que la cuenta atrás ha empezado para el hospital de Dénia, una transición que está llamada a poner fin a las reivindicaciones por falta de personal que se han hecho patentes en la capital de la Marina Alta. Sin embargo, el precedente de la reversión en Torrevieja (marcado por el malestar tanto de usuarios como sanitarios) obliga a la conselleria a no repetir los mismos errores del pasado. De hecho, como apuntan algunos usuarios, en este hospital alicantino está ocurriendo como en Alzira, pues «ante el fracaso de la reversión y con una listas de espera interminables, la Conselleria de Sanidad se ha visto obligada a instalar un contenedor convertido en una unidad de resonancia magnética portatil en la puerta de este centro hospitalario».

Cuenta atrás para la reversión en Dénia

En caso de cumplirse la hoja de ruta del Consell, el Hospital de Dénia sería el primero cuya titularidad revertirá en manos públicas. El contrato finaliza en enero de 2024, y la Generalitat ya ha confirmado que no prorrogará la concesión. Sin embargo, hay dudas entre la plantilla del hospital al respecto del cumplimiento de estos planes: «la propuesta de revisión planteada por el Botànic no ofrece garantías jurídicas» apunta el delegado Joan Sarrió, perteneciente al sindicato de Enfermería Satse en el hospital dianense, quien se muestra partidario del cambio de titularidad del centro.

El enfermero justifica su postura asegurando que es «inviable» que la empresa Ribera Salud iguale las condiciones laborales de las que goza el personal sanitario que trabaja en centros públicos. «La forma que tiene la empresa de ganar dinero es ajustando el volumen de personal, así que en la práctica trabajamos más horas y por menos dinero».

En el horizonte laboral de la plantilla se encuentra la renovación del convenio colectivo, que fue acordado por Ribera Salud y el comité de empresa en agosto del pasado año. A pesar del acuerdo de ambas partes, el documento llamado a mejorar las condiciones de la plantilla se encuentra ahora en manos de la Justicia, y es que al estar la hipotética reversión a la vuelta de la esquina, la Autoridad Laboral incluyó a la Conselleria de Sanidad en la negociación como parte implicada.

El órgano en materia laboral transmitió a los trabajadores del hospital el mes pasado su intención de actuar de oficio, y lo hizo a instancias de la Sanidad, que a través de un informe de la Abogacía de la Generalitat consideraba «lesivos» algunos puntos del convenio, cuya aceptación «supondría un grave perjuicio al interés general».

La judicialización del proceso ha supuesto un jarro de agua fría para la plantilla, cuyos miembros han emprendido un «espinoso» recorrido para contar con un nuevo convenio -el anterior es del año 2014-. Así lo califica Sarrió, quien considera que el convenio que los trabajadores acordaron con la empresa «no mejora en ningún caso» el estatuto marco que Sanidad aplica en los centros de gestión directa, por lo que no comparte la atribución de «lesividad» que hacen desde la administración autonómica.

Sanidad considera «lesivos» algunos de los puntos del convenio que la plantilla había negociado con la empresa Ribera Salud

Algunos de los puntos donde la abogacía de la Generalitat ven lesividad responden al aumento de los días de libre disposición de la plantilla con base a la antigüedad en la empresa; así como la conversión del 30% de los incentivos a retribuciones fijas, los cuales anteriormente eran variables en función de los objetivos alcanzados. En el informe de la abogacía se hace constar que acuerdos como estos, «harían necesario aumentar la plantilla de personal para seguir prestando el mismo servicio, o bien reducir este o prestarlo en peores condiciones».

A la espera de que prospere o no la vía judicial y el convenio sea finalmente aprobado, el delegado de Satse teme una «fuga de profesionales» del hospital dianense a centros de gestión pública en busca de unas mejores condiciones, algo que según él, ya se está produciendo desde hace unos años.

El Hospital del Vinalopó, en el horizonte

En el horizonte de la política del Consell también está el Hospital Universitario del Vinalopó, uno de los dos que se encuentran en la ciudad ilicitana. El contrato de gestión privada (también en manos de Ribera Salud) expira en junio del 2025, aunque la Generalitat debe decidir el futuro de la titularidad del centro con un año de antelación.

El actual convenio colectivo del hospital se firmó el pasado año, aunque como explica Maria Elena Murcia, delegada sindical de CC.OO en Elche, el documento aprobado presentaba «escasas mejoras» respecto al convenio anterior. Según ella, la empresa tiende a «dilatar» las negociaciones con objeto de ganar tiempo y así conseguir unas condiciones más provechosas para sus intereses. Otras de las «estrategias» de negociación que aplica la empresa consiste en redactar las condiciones del convenio de manera «poco clara», todo con el objetivo de entorpecer su aplicación.

Entre las denuncias que la plantilla ha interpuesto contra la empresa se encuentra la relativa a registrar las horas de inicio y finalización de los turnos diarios de trabajo. «No siempre se aplica esa norma. Lo hemos denunciado insistentemente, pero parece que a la empresa le sale más rentable pagar las multas que abonar a la plantilla las horas reales de trabajo«. 

Desde el sindicato defienden el modelo de gestión público para Hospital del Vinalopó, y es que apuntan que la empresa dispone de una cartera de profesionales «muy reducida», algo que repercute directamente en la calidad asistencial. La delegada de CC.OO pone como ejemplo el otro hospital de la ciudad (el General Universitario de Elche) para comparar los dos modelos de gestión.

En ese sentido, asegura que el que está gestionado por Ribera Salud tiene aproximadamente la mitad de la plantilla que su homónimo público, y eso a pesar de contar con una población más envejecida en su cupo de usuarios.

Desde el sindicato apuntan que la empresa dispone de una cartera de profesionales «muy reducida», algo que repercute directamente en la calidad asistencial

Estas demandas tienen eco en la corporación municipal ilicitana, donde la formación Compromís per Elx ha llevado a pleno en diferentes ocasiones -la última en 2020- su voluntad de que se emprenda la reversión. La portavoz de la formación local, Esther Díez, denuncia -entre otros aspectos- las reiteradas demoras en la Atención Primarias en centros de salud como el del Toscar (dependiente de Ribera Salud).

También alude a los superiores cupos de tarjetas SIP por médico en el Hospital del Vinalopó respecto al General Universitario de Elche, donde cada facultativo atiende a un menor número de usuarios. «Defendemos un modelo de gestión pública porque pensamos que es el que mejor defiende el interés general de la ciudadanía», apunta la también concejal de Movilidad Sostenible y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Elche.

139 millones en una «apuesta por la transformación»

4,7 millones de euros invertidos en 2022, y 139 desde que el grupo Ribera se hizo con la gestión. Es el balance hecho por la empresa en cuanto a mejoras y adquisición de infraestructuras, equipamiento y tecnología en el Hospital del Vinalopó.

Fuentes de la empresa aluden a servicios como el de radiología, quirófano o consultas externas, como las áreas dónde más se invirtió el pasado año; a las que se ha nutrido de una nueva gammacámara, y en las que se han mejorado las unidades de hemodinámica y Medicina Nuclear.

El gerente del departamento, el doctor Carrasco, pone en valor la «apuesta por la transformación» en el hospital, el cual dice que cuenta con una «consolidada cartera de servicios» y una «mejorada oferta asistencial».

El inquietante precedente de Torrevieja

El único precedente consumado en la política de reversiones en nuestra provincia es el del Hospital de Torrevieja. Su gestión pasó a manos públicas en octubre de 2021, una reversión ante la que Ribera Salud ha recurrido (sin éxito) a los tribunales. La conversión no ha estado exenta de polémica entre la población de la comarca de la Vega Baja, hasta el punto de haber constituido una plataforma ciudadana con la que denuncian el empeoramiento de la calidad asistencial desde la reversión.

Una parte del personal comparte esa visión, como es el caso de la pediatra y delegada del Sindicato Médico CESM en el departamento de salud de Torrevieja, Miriam Ouadih. La facultativa señala las dificultades para atraer al personal sanitario hasta el departamento torrevejense. De hecho, el comité de empresa llegó a solicitar a Sanidad que las plazas para trabajar en el centro fueran consideradas de difícil cobertura, algo a lo que la conselleria no accedió.

La plataforma ciudadana 'Sanidad excelente' se constituyó para pedir una mejora en la asistencia del Hospital de Torrevieja tras su reversión

Según apunta, la reversión del centro tuvo consecuencias directas en la plantilla, y es que la conselleria modificó las condiciones contractuales a todos los facultativos que no tuviera homologado el MIR. Algo ilegal, tal y como señala, ya que en caso de subrogación laboral, se deben respetar los derechos recogidos en el convenio colectivo vigente.

Esta modificación hizo que hasta 15 trabajadores abandonaran el hospital después de que su contrato adoptara un carácter temporal. Varios departamentos del hospital se resintieron tras ello, apunta Ouadih, en especial los de Urgencias, Rayos y Atención Primaria.

Cerca de 80 millones de sobrecoste anual

Desde la empresa Ribera Salud avalan su gestión hecha al frente del Hospital de Torrevieja, y lo hacen mediante a un informe en el que comparan la situación económica y asistencial del centro antes e inmediatamente después de la reversión. En el apartado económico, apuntan que el sobrecoste que debe afrontar la conselleria tras la reversión es de entre 75 y 80 millones de euros anuales. Una de las causas a las que atribuyen esta subida es a la ampliación de la plantilla en cerca de un millar de trabajadores, en su mayoría pertenecientes a categorías administrativas y auxiliares, y que a su juicio «no van a producir una mejora asistencial».

También hablan de un incremento del precio de los contratos de servicios, causado entre otras cosas por un cambio de proveedores: pasando algunos de ellos de derivarse de un hospital público a uno privado. Un ejemplo de ello serían los diagnósticos por imagen PET TAC, derivados antes de la concesión a un hospital público pagando 460 euros el procedimiento, a uno privado tras la reversión pagando el mismo procedimiento a 800 euros.

Desde el punto de vista asistencial, el informe facilitado por Ribera Salud habla de un incremento del 231% de las listas de espera de intervención quirúrgica, pasando de 1.300 pacientes en espera para ser operados en 2021 (último año de la gestión privada) a 3.000 en 2022. El aumento de las demoras también se habrían dejado notar en Urgencias (tiempo multiplicado por cinco para casos de gravedad intermedia); en consultas de especialistas hospitalarios; y en Atención primaria (pasando de 2 y 3 días de demora en 2021, a 8 días tras la reversión).

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