Daños colaterales

Desde que se inició el conflicto sobre la titulación de Medicina en la UA, he leído ríos de tinta defendiendo a la Universidad de Alicante y un intenso debate en torno a la defensa de esta institución frente al recurso presentado por la Universidad Miguel Hernández de Elche para obtener la exclusividad de dicha titulación y sobre cómo el Consell, al retirarse del conflicto jurídico mediante el allanamiento, favorecía los intereses de una universidad frente a la otra.

Es relevante recordar la aprobación de la iniciativa de apoyo al grado de Medicina en la Universidad de Alicante que se presentó a través de una Declaración Institucional de urgencia el 27 de abril de 2022 en el Pleno del Ayutamiento. Se tuvo que votar la urgencia porque fue sorpresiva la iniciativa, no se presentó de la manera habitual, en ese momento en el pleno solo había veintiocho concejales de los veintinueve, fueron veintiséis votos a favor y dos en contra del grupo municipal VOX.

En las réplicas a la exposición todos los grupos hablaron, exceptuando Ciudadanos, que su voz fue asumida por la portavoz del grupo Popular Mari Carmen de España. Todos exceptuando Vox fueron favorables a la iniciativa que en su punto final exponía: «Que el pleno de Alacant manifieste su total apoyo a la recuperación efectiva de los estudios de grado y posgrado de Medicina por su indudable beneficio para la Universitat d'Alacant, la Educación Superior en la ciudad, su indudable ventaja para la sanidad y el tejido socioeconómico de la ciudad de Alicante y por el indiscutible impulso como capital de la comarca y provincia«.

La votación fue la siguiente, veintiséis votos a favor, Partido Popular, Compromís, Unides Podem, Ciudadanos y PSPV, y dos abstenciones del grupo municipal VOX, es decir, la misma votación que para la urgencia con la salvedad del cambio de voto de VOX. Como diría Mayra Gómez Kemp en el mítico programa 'UN, DOS, TRES', hasta aquí puedo leer.

Conviene que también dejemos claro qué significa una Declaración Institucional aprobada en el pleno de Alicante. El Reglamento Orgánico del Pleno en su artículo 91.1 expresa: «Las declaraciones institucionales son manifestaciones de la postura del Pleno en cuanto órgano máximo de representación política municipal, en relación con cuestiones de interés general, que afecten al Municipio de Alicante, aun cuando no se refieran a asuntos de la estricta competencia de los órganos del Ayuntamiento.»

Sin embargo, los daños colaterales de este conflicto comienzan a evidenciarse. El resurgimiento de un conflicto pasado, que no aporta beneficios a la sociedad y que parece estar impulsado por intereses ajenos al bien común, es uno de los principales efectos negativos. Además, la polarización que genera este conflicto entre la provincia de Alicante y sus principales ciudades, así como la postura ambigua de ciertos actores como el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, plantean interrogantes sobre la representatividad y autonomía de las instituciones.

Resulta sorprendente la actitud del PSPV, que se alía con la Universidad de Alicante en este conflicto, sin manifestar un apoyo equitativo a la Universidad de Elche. Esta falta de equilibrio y objetividad pone en entredicho los valores de igualdad, solidaridad y libertad que deben prevalecer en la política. Es evidente que toda esta controversia no beneficia a la ciudad ni a la provincia, sino que más bien las perjudica. Cada toma de posición errónea retrasa cualquier avance y dificulta la colaboración entre las instituciones educativas.

En lugar de fomentar la división entre las ciudades, es fundamental buscar sinergias y colaboraciones que beneficien a ambas universidades y a la comunidad en su conjunto. Retomar la colaboración entre las dos universidades, como se planteó en el convenio para proyectos conjuntos en el castillo de Santa Bárbara, sería una oportunidad para avanzar en la resolución de este conflicto y fortalecer la comunidad educativa.

En resumen, es necesario reflexionar sobre los efectos negativos de este conflicto universitario en Alicante y buscar soluciones que fomenten la cooperación y el progreso conjunto. La unidad y la colaboración entre las instituciones educativas son clave para el desarrollo sostenible y el bienestar de la sociedad para evitar más daños propios, ya sufrimos los ajenos.

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