Los escenarios posibles que marcarán el futuro del grado de Medicina en la Universidad de Alicante

Tras el cara a cara que se vivió entre la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, y el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, se espera el siguiente paso: conocer la resolución del Tribunal Superior de Justicia sobre el recurso contencioso administrativo presentado por la UMH contra los estudios de Medicina en el campus de San Vicente, que abre nuevos escenarios.

El acto de apertura del curso académico de la UA celebrado este jueves sirvió para mostrar la postura de dos de las partes, aunque una de ellas -la Generalitat Valenciana- ha dejado de estar implicada en el proceso judicial tras su allanamiento. Dicha decisión, explicó el responsable autonómico, se basó en una recomendación de los servicios jurídicos del Consell con la finalidad de mantener «la neutralidad».

Sin embargo, la rectora de la UA recalcó, también en distintas ocasiones, que el efecto de allanarse consiste en «posicionarse en las reivindicaciones de la parte demandante», en este caso la Universidad Miguel Hernández de Elche, para conseguir la «anulación parcial» del grado en Medicina en la institución alicantina. Por ello, calificó dicha actuación por parte del organismo autonómico como una «humillación pública».

Así, tras conocer los puntos de vista, en los que la UA busca defender estos estudios «hasta el final», mientras el Consell tiene intención de crear un campus interuniversitario de Ciencias de la Salud con un único grado de Medicina y otro de Enfermería -remarcando a su vez que el expediente que autorizó, por parte del anterior gobierno de la Generalitat, el título contiene «irregularidades»-; las partes actualmente implicadas, la demandante la Universidad Miguel Hernández y la codemandada la Universidad de Alicante, esperan a la resolución del TSJ.

Es aquí donde surgen distintos escenarios y posibilidades que garanticen o no el futuro del grado en Medicina en el campus de San Vicente. Eso sí, en ninguno de ellos el Consell tendría posibilidad de actuar, pues al haberse allanado del proceso judicial queda apartado del mismo.

En el caso de que el fallo del TSJ sobre el recurso lo hiciera a favor de la Universidad de Alicante, «no cambiaría nada», los estudios continuarían impartiéndose en el campus alicantino con total normalidad, explica a preguntas de TodoAlicante el catedrático de Derecho Administrativo de la UA, Juan José Díez.

En este sentido, el académico aclara que el TSJ, ante dicha posibilidad, confirmaría que «no había ninguna deficiencia o irregularidad o que no eran relevantes o esenciales» en la tramitación de la emisión del título por parte de la Generalitat. Con ello, la vía judicial ordinaria habría concluido, «ya que es única instancia y no cabe apelación».

Aunque, eso sí, existiría la posibilidad de interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo por parte de la Universidad Miguel Hernández de Elche contra la resolución de la Sala de lo Contencioso del TSJ, «de mantener que se había vulnerado normativa estatal». «De vulnerarse únicamente normativa autonómica ese recurso volvería a serlo ante una Sala especial de casación del TSJCV».

El mismo escenario se podría dar, aunque con los actores intercambiados, en caso de que el TSJ fallase a favor de la parte demandante, de la Universidad Miguel Hernández. Aquí también, por parte de la Universidad de Alicante, «cabe el recurso de casación» como en el supuesto anterior.

En este segundo caso la preparación del recurso de casación «no impide la posible ejecución provisional de la sentencia», si bien el TSJ denegaría esa ejecución cuando «pudiera crear situaciones irreversibles o causar perjuicios de difícil reparación».

Por ello, «lo razonable es pensar» que una vez dictada sentencia, en ambos supuestos, el grado en Medicina continuaría impartiéndose con normalidad en la Universidad de Alicante hasta que se resolvieran «los hipotéticos» recursos de casación.

El conseller Rovira manifestó que el expediente que autoriza estos estudios contiene «irregularidades». Incidió en que se aprobó por un órgano que «no tenía competencia» para ello «sin dar garantías de que los estudiantes pudieran formarse en los hospitales públicos de la provincia» y «sin garantías de viabilidad económica» que reflejaran el aumento de gasto de un grado con alto nivel de experimentalidad.

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante, Juan José Díez, señala que el TSJ fundamentará su decisión «ponderando tanto la relevancia de las posibles infracciones o irregularidades alegadas, sí son o no esenciales, como otros principios como el de seguridad jurídica o el de confianza legítima, que derivan del acto del Consell, ya que han de tenerse en cuenta los intereses generales que se han creado con aquella decisión y que merecen asimismo protección judicial».

Por tanto, si el tribunal «considera que existen (irregularidades) pero no son de tal relevancia como para anular el acto (que autorizó a impartir los estudios), lo que hará será desestimar el recurso y, por tanto, entender que el recurso, aunque plena y exactamente no cumpla con todos los parámetros de la legalidad, no debe anularse».

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