El campo alicantino tacha de «catastrófico» el pacto arancelario con EE UU y vaticina pérdidas millonarias
Asaja exige al Gobierno compensaciones urgentes para el sector agrario | Productos señeros como el limón, la almendra, la oliva y el vino figuran entre los más perjudicados
«Catastrófico». Así de tajante se muestra el campo alicantino a la hora de evaluar el acuerdo arancelario suscrito entre la Unión Europea y Estados Unidos, en vigor desde el mediodía de este jueves, 7 de agosto. El sector agrario anuncia pérdidas anuales de hasta 48 millones de euros derivadas de los perjuicios que el pacto acarreará para la provincia de Alicante.
Entre los productos más castigados por las tasas del 15% impuestas a las exportaciones agroalimentarias de la UE a EE UU, figuran productos alicantinos emblemáticos, como el limón, la almendra, la oliva y el vino, además de las hortalizas, según destaca la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) Alicante.
La nueva situación comercial amenaza con reducir entre un 40% y un 50% el valor de las ventas alicantinas a territorio estadounidense, con la consiguiente ruina de cultivos clave. Por ello, la organización exige al Gobierno español un plan de choque con compensaciones urgentes para agricultores y ganaderos de las actividades más golpeadas.
A juicio de Asaja, lo acordado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, lejos de equilibrar el comercio, representa «un ataque directo a la competitividad del campo alicantino». Y añade que penalizará al «principal motor exportador de la Comunidad Valenciana», cuyas ventas agroalimentarias a EE UU alcanzaron los 366 millones de euros en 2024, un 30% de ellas aportadas por Alicante a través de la actividad hortofrutícola.
Asaja recalca que las tarifas arancelarias se suman a otros daños colaterales que merman directamente el campo alicantino. En concreto, recuerda que la estrategia de priorizar el gasto en defensa, promovida también por Trump, en total sintonía con la OTAN, ha forzado a la Unión Europea a reajustar sus prioridades presupuestarias, con efectos en la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2027, cuando se esperan importantes recortes.
Repercutirá «gravemente en los pagos directos que reciben miles de agricultores», se lamenta Asaja Alicante. «Esta doble presión —menos PAC y más barreras comerciales— implica una pérdida de la competitividad del sector y deja al campo europeo en una situación de creciente vulnerabilidad frente a mercados exteriores», reprocha.
El caso de la almendra
Los agricultores alertan sobre la situación especialmente gravosa que puede soportar la almendra española. Actualmente, según los datos cotejados por Asaja, el 85% de la producción mundial de este fruto procede de Estados Unidos y solo el 10% de la Unión Europea, donde España aparece como principal productor.
«La almendra española que se quiera vender en Estados Unidos superará con creces el precio al que Estados Unidos comercializa su almendra en Europa. En consecuencia, se anticipa un alarmante aumento de las importaciones, precios significativamente más bajos y más barreras comerciales para que el turrón de Alicante siga obviándonos y no reconozca y valore la calidad de producción de almendra local«, advierte el presidente de Asaja, José Vicente Andreu.
«Ante este escenario de recortes presupuestarios y agresiones comerciales externas», es hora de más Europa, gritan los agricultores alicantinos, partidarios de una UE «que defienda a sus productores, que apueste por la soberanía alimentaria y que no sacrifique la agricultura en nombre de equilibrios geopolíticos o pactos comerciales poco transparentes».
Al respecto, Andreu añade: «Si perdemos el mercado de EEUU en un 40%, debemos encontrar la manera de incrementar esa misma cuota de mercado en Europa, en detrimento de las importaciones procedentes de terceros países».
El líder provincial de Asaja hace hincapié en que las ayudas de la administración española y europea no deben consistir en meras respuestas simbólicas o temporales: «Han de ser ambiciosas, estructurales y proporcionales al impacto real sufrido, con el objetivo de ayudar a los productores a superar esta primera fase de pérdida de competitividad y garantizarles las condiciones necesarias para seguir adelante con sus explotaciones en un entorno cada vez más hostil y exigente».
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