El portazo del Gobierno al centro de migrantes de Aitana da luz verde a un uso medioambiental de la base

Con un innegable regusto a victoria. Así ha recibido la plataforma Salvem Aitana la noticia de que el Gobierno no convertirá la antigua base militar de Aitana en un centro de acogida para migrantes. Constituida por vecinos de Alcoleja y diferentes municipios que circundan este paraje, esta asociación llevaba desde el pasado agosto ejerciendo una oposición frontal al proyecto, que prometía una inversión de 25 millones de euros y una dotación de 600 plazas. Entre las razones que esgrimían los vecinos para sustentar su postura se encontraban tanto las de tipo ambiental como social, las cuales ha acabado dando por buenas el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones –responsable del proyecto– en la resolución con la que se entierra definitivamente esta futura infraestructura. 

Los integrantes de Salvem Aitana pueden afirmar con rotundidad que el trabajo de la plataforma ha sido esencial para paralizar el proyecto, y es que el propio Ministerio reconoce en su escrito que esta oposición vecinal ha sido una de las principales razones para abortar el futuro centro.

Raquel Ramón, una de las componentes de la asociación, apunta que una de las claves de este corolario ha sido el riesgo a una más que probable una intervención judicial del proceso, y es que de acuerdo a esta vecina convertida en activista, «el futuro centro contraviene muchos puntos de la legislación vigente en materia medioambiental».

Raquel augura que esos posibles retrasos derivados de una hipotética vía judicial hubieran puesto en riesgo la consecución de fondos europeos con los que el Estado pretendía financiar parte de la actuación, los cuales deben ejecutarse dentro de unos plazos estipulados previamente. De ello se puede deducir que sin las garantías necesarias para que el futuro centro de acogida pudiera culminar en el tiempo y la forma que demandaba la autoridad europea, el riesgo era inasumible. 

Otra razón de peso es el estado de «ruina» que presenta el vetusto cuartel militar alicantino, y que incluso reconoce el Ministerio, lo cual «supondría un incremento del presupuesto por encima de lo aconsejable». La integrante de Salvem Aitana opina que las abandonadas instalaciones eran completamente irrecuperables, por lo que era de prever que se construyeran una edificación de nueva planta en este emplazamiento, con el encarecimiento que eso supondría. «Por no hablar de la inversión para dotar al centro de todos los servicios necesarios, así como su impacto en la red de carreteras y en los negocios de la zona».

Los vecinos también temían que los servicios sanitarios de la zona pudieran colapsar ante la repentina llegada de centenares de nuevos pobladores. «El centro de salud más próximo es el de Benilloba, pero es de carácter rural, y no creíamos que tuviera capacidad para absorber a centenares de nuevos potenciales pacientes. Lo mismo ocurre con el hospital más cercano, el de Alcoi, del que siempre nos llegan noticias de que está saturado».

Descartado el centro de migrantes, el futuro de la instalación pasa por los futuros usos que le quiera dar el Ayuntamiento de Alcoleja, en cuyo término municipal se encuentra la base. Según fuentes municipales, el Gobierno ha ofrecido al Consistorio la cesión de la infraestructura, para la cual se muestra partidario de dotarle de usos medioambientales. A falta de redactar el proyecto, este uso podría materializarse en recursos como aulas de naturaleza, y otras soluciones enfocadas a un tipo de turismo sostenible.

Al igual que han venido haciendo desde que se anunciara el proyecto hace un año, Salvem Aitana tiene previsto convocar reuniones en los diferentes pueblos que iban a estar en el radio de potencial afección del proyecto. Con estos encuentros quieren exponer públicamente a los vecinos el desarrollo de las acciones de la plataforma, parte esencial en la cronología de hechos que permite entender la malograda materialización del proyecto. «Las charlas están enfocadas especialmente a la gente mayor que habita la comarca, con menor acceso a la tecnología, y que ha podido tener dificultades en consultar toda la información que hemos ido compartiendo por Internet», reconoce Raquel Ramón.