Los letrados de Justicia exigen el cese inmediato del secretario de Estado por sus mentiras

La reunión celebrada durante el 16 y 17 de febrero entre los representantes de los letrados de la Administración de Justicia y los máximos representantes del Ministerio ha finalizado sin acuerdo tras 16 horas de reunión. Los convocantes denuncian la falta de respeto desde Justicia hacia el colectivo, y apuntan al secretario de Estado, Antonio Julián Rodríguez.

Los letrados de Justicia reprochan la actitud del Ministerio por dilatar la resolución del conflicto citándoles después de un mes de su inicio «sin intención de llegar a ningún acuerdo», lo que se refleja en horas de silencio ante el comité de huelga, aseguran.

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Los funcionarios judiciales consideran que el desprecio no es solo hacia su gremio, si no también hacia toda la ciudadanía -que es la principal damnificada-. Esto se debe a «la nula voluntad de alcanzar un acuerdo», algo que, según entienden, vulnera los principios de negociación colectiva del Estatuto Básico del Empleado Público.

Además, ponen de manifiesto las maniobras del Ministerio de Justicia con su instrucción para limitar la petición de permisos y vacaciones durante la huelga. En este sentido, apoyan el informe efectuado por el Ministerio Fiscal, en que se reconoce «la vulneración del derecho fundamental a la huelga que estamos sufriendo».

Los LAJ quieren trasladar a toda la ciudadanía y a los profesionales su preocupación por el deterioro de la Administración de Justicia debido a «la actitud dilatadora del conflicto del Ministerio», concretada en datos objetivos. También transmiten que tratan de minimizar en todo lo posible los perjuicios derivados del derecho de huelga y recuerdan que su objetivo prioritario es «alcanzar cuanto antes un acuerdo con el Ministerio de Justicia».

Además, animan a los escasos compañeros que todavía no se han unido a la huelga a que se adhieran, «sean titulares, interinos u ocupen puestos de libre designación, porque esta lucha colectiva es decisiva y es de todos», manifiestan desde el cuerpo de letrados.

Por otro lado, agradecen a la Consellera de Justicia de la Comunitat, Gabriela Bravo, las declaraciones vertidas el pasado jueves 16 de febrero en las que puso en evidencia el trato que el Ministerio está dando a este colectivo. Además de la preocupación por la situación de la justicia en la Comunidad Valenciana, «en concordancia a lo que corresponde a un representante político», sentencian.