Jucil denuncia la falta de guardias civiles en Guardamar ante la oleada de violencia

La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) se ha unido al SOS de la Policía Local de Guardamar y denuncia la falta de guardias civiles ante la oleada de violencia que se está viviendo en el municipio. La asociación resalta que la cifra de 48 efectivos prevista para esa localidad hace 20 años «nunca se ha llegado a completar y que en la actualidad el número de efectivos sólo permite como mucho organizar una patrulla o dos a lo largo de todo el día».

Jucil advierte de que la creciente animadversión surgida entre los habitantes de la zona, sumada a la llegada de miles de turistas en verano, junto con la aparición de grupos que pretenden asumir la protección frente a peleas, palizas, robos y agresiones sexuales sufridas en los últimos días de las que acusan a migrantes que residen en un hotel de cuatro estrellas, «puede generar una tormenta perfecta para la que los guardias civiles carecemos de medios humanos».

El sindicato advierte de que la escasa presencia de efectivos en Guardamar hará que resulte «muy difícil» el control del «incremento de agresiones y violencia observado recientemente en este municipio». Más aún con la presencia de miles de turistas y visitantes durante los meses de verano y la celebración de las fiestas de moros y cristianos, apostillan.

«En Guardamar, la cifra oficial de guardias civiles del catálogo de puestos de trabajo es de 48, un número que ya de por si es anticuado porque ese catálogo tiene más de veinte años», precisa el secretario provincial de Jucil, José Antonio Moya. Pero es que la cifra real, «nunca ha llegado a ese número».

En la actualidad, en ese núcleo hay 43 guardias civiles. «Si se resta los de plana mayor y oficinas, y se añade los tres compañeros que se encuentran de baja, los que están comisionados en equipos como Violencia de Género (Viogen) o (Roca), por ejemplo, junto con los que están de vacaciones en este momento, el número de los guardias civiles disponibles es muy escaso, y sólo permite una patrulla o dos por día», sostiene Moya.

Tras una reunión de los máximos responsables provinciales y municipales se anunció que habrá de forma permanente un coche de la guardia civil ante el hotel en el que se alojan los inmigrantes, «pero eso es posible que no pueda llevarse a cabo de manera permanente, porque si es necesaria la vigilancia de una víctima de violencia de género de las que requieren un control permanente de 24 horas, ya no habrá suficientes guardias civiles para llevar a cabo ese otro servicio de seguridad», comenta José Antonio Moya.

Jucil advierte que a esta situación de tensión social se llega tras el incremento de peleas, robos e incluso de agresiones sexuales, unido al anuncio por parte de algunos vecinos de la posibilidad de que comiencen a realizar labores de vigilancia por su cuenta. «Una situación cada vez más explosiva en la que los guardias civiles carecen ahora de los medios humanos necesarios para poder asegurar la tranquilidad de esta población», matiza Moya.

La plantilla de la Guardia Civil en la provincia de Alicante, que alcanza prácticamente los 2.500 efectivos, tiene en verano un trabajo extra por la presencia en la provincia de cientos de miles de turistas que tienen esta área mediterránea como zona de descanso vacacional.

«Un total de 138 compañeros han sido los que han renunciado de forma voluntaria a tomar las vacaciones en verano a cambio de los casi 1.200 euros brutos que cobrarán por ello, pero esta medida resulta claramente insuficiente», afirma el representante de Jucil.

«Hay que tener en cuenta que, en esta ocasión, no ha habido nuevos guardias civiles alumnos que se hayan incorporado tras finalizar su periodo de formación y que los que lo hicieron el año pasado, ahora ya guardias civiles profesionales, se han trasladado antes del verano a sus primeros destinos. Y no se espera la llegada de esos guardias alumnos hasta después del verano», explica Moya.

De manera que plantillas ya muy, muy ajustadas, se ven aún más reducidas «y eso, sin pensar en que puedan surgir situaciones de tensión como la que ahora se registra en Guardamar de Segura», advierte. «Es necesario que desde la Administración se lleven a cabo los cambios y ajustes necesarios para asegurar, en todo momento, la paz y la tranquilidad tanto de los vecinos como de los visitantes y, por supuesto, también de los inmigrantes», añade Moya.