Demoledor informe del Síndic: «La administración es territorio hostil para el ciudadano»

El defensor destaca que muchas de las quejas recibidas vienen motivadas por la «desidia» en la tramitación de los expedientes, «dejando pasar el tiempo y reclamando luego subsanaciones que se deberían haber advertido desde el primer momento».

«Para las personas en situación de vulnerabilidad el paso del tiempo sin recibir ayuda puede resultar demoledor», apunta el síndic de Greuges, Ángel Luna, y hace «una llamada de auxilio a responsables políticos, funcionarios y trabajadores públicos para promover una cultura administrativa de verdadero servicio público».

Uno de los puntos donde hace incapié el Síndic es el mantenimiento de la cita previa, un requisito que siguen manteniendo algunas administraciones. El defensor lamenta que en muchos casos la cita previa sólo puede ser solicitada de forma electrónica, lo que ha dado lugar a la aparición de una «picaresca de bloqueo y venta de citas con evidente perjuicio para quienes inevitablemente las necesitan».

El síndic admite haber recibido numerosas quejas a este respecto, y apunta que mantener este trámite pasadas las restricciones de la pandemia infringe diferentes derechos como la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De acuerdo al informe, la falta de respuesta al ciudadano es el primer problema que muestran las quejas tramitadas por el síndic. Las quejas planteadas se registran en diferentes áreas (dependencia, educación, empleo, vivienda, etc), lo que de inicio es «una vulneración de un derecho fundamental». «Acuden al Síndic porque no saben a qué atenerse», apunta Luna.

En casi todos los casos, la falta de respuesta «oculta la vulneración de un derecho material o la insatisfacción de una prestación», una demora que, de acuerso al síndic, se puede demorar meses o años, instalando al ciudadanos en «la perplejidad, en la confusión y en el desasosiego».

El síndic tambien destaca la «enorme preocupación» que produce la situación de la asistencia sanitaria, donde reconoce que se arrastran importantes secuelas de la pandemia. El foco lo pone en la Atención Primaria, que «sigue acumulando descontentos y sus deficiencias repercuten sobre los hospitales, cuyas urgencias se colapsan por pacientes que deberían ser objeto de tratamiento en los centros de salud».

A los retrasos en la atención primaria y en las especialidades se unen las listas de espera hospitalarias, situadas en parámetros «inaceptables, que provocan desesperación en los usuarios».

La pandemia también agravó los problemas de salud mental, sobre todo en jóvenes, apunta el defensor. En su informe de actividad de 2022, se alude a una queja de oficio sobre la situación «especialmente grave» de los recursos de salud mental en el Departamento de la Marina Alta, aunque «la situación de otros departamentos dista mucho de ser satisfactoria».

Apuntan además que, de momento, la estructura creada a partir de la figura del Comisionado para el Plan Valenciano de Acción para la Salud Mental, Drogodependencias y Conductas Adictivas «no ha ofrecido resultados tangibles», por lo que pide «una respuesta mucho más contundente que la brindada hasta la fecha.

Las cuestiones relacionadas con servicios sociales son las que acumulan mayor número de quejas, ya que persisten problemas en materia de dependencia, discapacidad o renta valenciana de inclusión, derivados de los modelos de gestión, de los procedimientos implantados y de las carencias en las herramientas informáticas que ya detallaba el síndic en su informe de 2021.

En concreto, el defensor reseña la constante advertencia que hace sobre la errónea aplicación de la ley a la hora de denegar la prestación de renta valenciana de inclusión a quienes han aceptado cortos trabajos temporales.

El defensor también carga contra muchos alcaldes, a quienes acusa de no facilitar el acceso a datos e infores que maneja el ayuntamiento a otros miembros de la corporación. También lamenta «la falta de reacción» de les Corts Valencianes ante la denuncia de estos hechos.

«Ni el Consell, ni los grupos parlamentarios, que gozan de iniciativa legislativa, han estimado oportuno iniciar una reforma legal que permita a los grupos de concejales en la oposición acceder, sin trabas, a toda la documentación. El defensor arremete contra esta «desidia colectiva» ante la «amenaza que supone, para el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas, el oscurantismo con el que se manejan los asuntos públicos».