La ley exige que los certificados de discapacidad se emitan en menos de 3 meses. / TodoAlicante

Demoras de dos años y medio para obtener el reconocimiento de discapacidad en Alicante

La Generalitat ha llegado a tardar diez veces más de lo exigido por ley en certificar una minusvalía | Desde 2021, y solo en la provincia, hay más de 5.000 tramitaciones pendientes

Pau Sellés
PAU SELLÉS Alicante

Los procedimientos de valoración de discapacidad suponen un auténtico viacrucis para mucha gente en la provincia de Alicante. Hablamos de los trámites a los que tienen que ser sometidos las personas con diversidad funcional para que se les reconozca su grado de minusvalía, y que dan derecho a beneficios como prestaciones económicas, ayuda para el pago de suministros, beneficios fiscales...

La emisión de esos certificados -que compete a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas- acumula «importantes retrasos», tal y como figura en una queja emitida por el Síndic de Greuges el pasado mayo, en la que conminaba al órgano autonómico a agilizar el reconocimiento de la discapacidad.

Y es que a pesar de que la ley exige que las solicitudes de valoración deban resolverse en el plazo de tres meses (con mayor premura que otros trámites al tratarse de un procedimiento declarado de emergencia ciudadana) en nuestra provincia estos trámites se han llegado a demorar hasta 30 meses. Esto supone diez veces más de lo que exige la ley.

Solo en Alicante, entre 2021 y la primer mitad de este año se llegaron a acumular más de 5.000 solicitudes pendientes. En ese montante se tienen en cuenta tanto las solicitudes iniciales como las revisiones. Si bien el número de revisiones pendientes en Alicante ha mantenido en 2022 valores dentro de la media autonómica, en los tres años anteriores la diferencia ha sido notoria. Especialmente en 2020, cuando Alicante acumuló 204 solicitudes pendientes de resolver, mientras que en Valencia y Castellón solo se registró una. Por su parte, de 2019 constan 16 procedimientos sin tramitar en la Comunitat, todos ellos en Alicante.

El Síndic de Greuges emitió de oficio una queja sobre esta situación a tenor de las protestas promovidas por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE). Sumadas a las quejas por las demoras en la tramitación, la entidad también denunciaba la falta de actualización de los baremos para valorar las situaciones de discapacidad, los cuales consideran «obsoletos».

Necesidad de médicos

Entre las recomendaciones que el Síndic emite en su informe, se alude a los centros públicos donde se realiza la valoración y orientación de la discapacidad. Hay cuatro centros de estas características en la Comunitat, dotados de equipos multiprofesionales que incluyen desde titulados en psicología, hasta trabajo social y medicina. Estos últimos son los que intervienen en el 85% de las valoraciones que se realizan, por lo que la Conselleria -en su escrito de respuesta al Síndic- admite la necesidad de consolidar especialmente la figura del médico.

En ese mismo informe, el órgano autonómico asegura que aplicará una nueva modalidad de trabajo así como una nueva baremación en estos centros, aunque reconoce que «todo ello va a requerir un periodo de formación y posterior adaptación a los cambios». Además prevé la creación de 15 nuevos puestos para este servicio en toda la Comunitat; concretamente cinco médicos, ocho auxiliares administrativos y dos subalternos.

El personal médico interviene en el 85% de las valoraciones de discapacidad

A este respecto, el presidente del Sindicato Médico CESM-CV, Víctor Pedrera, reconoce que la falta de facultativos es un problema generalizado en el sistema público valenciano. «Los servicios públicos están al mínimo y funcionan con menos gente de la que requieren», apunta el facultativo. Pedrera también constata el repunte de revisiones pendientes en los últimos dos años debido al colapso del sistema sanitario durante la pandemia.

Así lo constatan las cifras, y es que entre el 2021 y la primera mitad de este año se han llegado a acumular 5.070 solicitudes pendientes de valoración; mientras que en los dos años anteriores fueron 220.

Fomento del teletrabajo

Las medidas correctivas que también se prevén para los próximos años incluyen la implantación del teletrabajo para los puestos de trabajo de los centros de orientación, así como el desarrollo de una nueva aplicación informática para gestionar expedientes de reconocimiento del grado de discapacidad.

En su escrito, la Conselleria hace balance de las medidas adoptadas en los últimos años para reducir las demoras, las cuales han permitido que las solicitudes pendientes de resolver «se hayan reducido en los últimos cinco años, pasando de 35.236 en diciembre de 2016 a 19.504 en enero de 2022».