Benidorm quema su último cartucho y recurrirá al Constitucional el pago de 283 millones por los terrenos de Serra Gelada
El Ayuntamiento se basa en los informes judiciales «que han marcado los técnicos» en relación con los convenios
El Ayuntamiento de Benidorm agotará la vía judicial para dilatar al máximo el pago de 283 millones de euros más intereses a los propietarios de los terrenos incluidos en el sector APR-7 del Parque Natural de Serra Gelada. Una cantidad que pondría en serias dificultades la economía municipal, de ahí que vayan a intentarlo todo. Por eso, el consistorio ha anunciado este lunes que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) frente al auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) que condena al Ayuntamiento al pago de esta enorme cantidad en compensación por los aprovechamientos urbanísticos de Murcia Puchades Expasión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL perdidos al convertir sus terrenos en parque natural.
El alcalde, Toni Pérez, ha convocado en junta de portavoces a todos los partidos políticos con representación en el pleno para anunciarles esta decisión. El Ayuntamiento se basa en los informes judiciales «que han marcado los técnicos» en relación con los convenios sobre los que se sustenta la reclamación de las dos mercantiles y que «no ha variado ni un ápice».
«El Ayuntamiento de Benidorm no tenía otro camino para la defensa del interés general que el camino que emprendió, siempre bajo el criterio técnico, y eso está manifestado en sentencias judiciales reiteradamente«, apuntó Pérez.
Sobre este asunto, hay distintas causas abiertas. De un lado, sobre la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento en relación con dichos terrenos, en base a los convenios firmados en 2003 y 2004 y renovados en 2010 y 2013, que es a la que se refiere el último auto del TSJCV.
De otro, está la relacionada con la revisión de oficio y declaración de nulidad de esos mismos convenios por parte del consistorio, «una línea que todavía sigue viva y con cinco causas abiertas en los juzgados». En concreto, según el Ayuntamiento, «dos ya resueltas» en primera instancia «que han dado la razón» a la administración local y han ratificado que «dichos convenios serían nulos de pleno derecho, que se encuentran recurridas«. Otras tres todavía no tienen sentencia.
