El PSPV pide a la Generalitat y al gobierno local que «frene» los asentamientos ilegales en zonas inundables

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, ha insistido en reclamar a la Generalitat Valenciana y al gobierno local que «intervengan para frenar los asentamientos ilegales que proliferan sin control por las partidas rurales, ubicados muchos de ellos en terrenos inundables de zonas como la Canyada del Fenollar, el Moralet, Fontcalent o el Verdegás«.

En un comunicado difundido por el PSPV, la representante del principal partido de la oposición en el Consistorio ha expresado que, «al margen de las ilegalidades urbanísticas que se hayan cometido« en esos asentamientos, »preocupa la seguridad de las familias que viven allí y la seguridad de los vecinos que habitan en las inmediaciones, que pueden sufrir las consecuencias de estar rodeados de viviendas fuera de ordenación«.

«Nuestra inquietud aumenta a raíz de la tragedia registrada en Valencia. Hablamos de asentamientos que se encuentran en zonas inundables y la situación de peligro podría ser extrema ante un evento climatológico como el registrado la pasada semana«, ha agregado Barceló.

La portavoz socialista ha indicado que el vecindario de la Canyada del Fenollar «sigue grabando vídeos que demuestran que se continúan instalando casas prefabricadas en estos asentamientos ilegales«.

Barceló ha recordado que el grupo socialista había registrado una iniciativa -no debatida en el Pleno del pasado martes por el acuerdo de todos los grupos de retirar iniciativas políticas- para que «el Ayuntamiento reclamara a la Generalitat que se empleen los recursos necesarios para garantizar el control y la aplicación urbanística y medioambiental; y para que la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT) cuente con medios suficientes para abordar esta grave situación».

«Es especialmente grave que la AVPT, creada por el Botànic para frenar y controlar estas prácticas, está desde hace tiempo colapsada por los recortes del presidente Carlos Mazón, mientras el alcalde Luis Barcala sigue instalado en la pasividad. Exigimos que controlen de una vez la proliferación de infraviviendas y que pongan los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística, también en nuestras partidas rurales», ha sentenciado Barceló.

Por su parte, el concejal socialista Raúl Ruiz ha señalado que la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio de la Comunitat Valenciana (Lotup) y el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) establecen «un marco claro que protege la adecuada utilización del suelo rústico y limita las parcelaciones y la construcción de viviendas e infraviviendas en zonas que pueden representar un serio riesgo para la integridad de los infractores».

Sin embargo -ha agregado Ruiz- esta norma «ha sido ignorada en múltiples ocasiones y se ha permitido que especuladores se aprovechen de la situación de vulnerabilidad de muchas familias, que en medio de un mercado de vivienda salvaje como el de Alicante han buscado una solución habitacional en terrenos que no cumplen las más mínimas garantías y que suponen un riesgo para los residentes».

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