La hostelería afirma que perderá la mitad de la caja con los recortes de terrazas y horarios

La lucha que el sector de la hostelería había anunciado contra el recorte de horarios de la ordenanza de ocupación de vía pública y las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) en Castaños y Casco Antiguo ha continuido este jueves en el pleno municipal. Cientos de empresarios y trabajadores de bares y restaurantes de Alicante han intentado llegar hasta el Salón de Plenos, pero la Policía Local lo ha impedido.

Desde Alroa consideran «desproporcionado» el operativo policial, incluyendo unidades antidisturbios. Este despliegue se ha interpretado como «una falta de respeto» hacia el sector económico.

Al final, se han concentrado en la plaza del Ayuntamiento unos 300 empresarios y trabajadores del sector de los 2.000 que hay en Alicante. Dentro, en el pleno, han podido intervenir Gabriela Córdoba, de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), y Manuel Seijó, de la Asociación Profesional de Establecimientos Hosteleros de Alicante (Apeha) en una declaración institucional de Vox para reclamar informes que justifiquen la ZAS.

Ambos han puesto de manifiesto la situación que afronta la hostelería por los recortes de horarios y terrazas. Apeha asegura que «se perderá la mitad de la facturación» de los negocios afectados por las medidas, de toda la ciudad en el caso de las terrazas y de Castaños y Casco Antiguo en el caso de las ZAS.

«Hoy dos mil familias están preocupadas por su futuro», ha afirmado el representante de Apeha, quien ya augura reducción de personal en los negocios: «¿Con qué dinero vamos a pagar los despidos con la mitad de la facturación?», ha inquirido en el pleno.

Por su parte, desde ARA han reclamado al Ayuntamiento «los informes que hay para recortar horarios de terrazas en temporada«. Su presidenta, Gabriela Córdoba, ha recordado que »nuestros clientes son también vecinos de Alicante, que nos piden un servicio«, no solo turistas.

Desde fuera, el portavoz de Alroa, Javier Galdeano, considera que «es importante que el Ayuntamiento sea sincero y deje de criminalizar al sector al que señala como único responsable de las molestias al vecindario». Reclaman «una normativa que regule determinados comportamientos como el botellón, las fiestas ilegales en espacios públicos y determinados comportamientos que no están controlados», de los que se desmarcan.

La declaración de Vox no ha salido adelante por el voto de calidad del alcalde-presidente al producirse un empate a 13 con dos bloques: PP en contra; Vox, PSPV y EU-Podem, a favor. Compromís, con quien los populares acordaron la ordenanza de ocupación de vía pública, se ha abstenido.

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha culpado a Vox de la ordenanza que aprobó con el PP. Los de Abascal abandonaron al equipo de gobierno con una normativa más flexible por la inclusión de los puntos violeta. «Es solo media horita de recorte», se ha defendido Mas. La formación nacionalista se ha abstenido, aunque estaban a favor de los informes. A los de impacto económico, han añadido otro sobre las condiciones laborales de los empleados del sector, que se ha rechazado.

Por su parte, la concejal popular Cristina García ha insistido en culpar a Vox de la ordenanza aprobada «por una cuestión ideológica, una cuestión tangencial en lugar del interés general». No obstante, aunque ha dicho que se trata de «una buena ordenanza», también se ha lamentado de que «podíamos haber aprobado otra». La que se quedó en el cajón.

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