La guerra del ruido en Alicante: los locales de ocio rechazan las dos ZAS que quiere el Ayuntamiento

La guerra del ruido en Alicante amenaza con subir los decibelios de tensión. La intención del Ayuntamiento de Alicante de implantar dos Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) en la calle Castaños y en el Casco Antiguo ha soliviantado a los empresarios del ocio, ubicados fundamentalmente en ambos entornos. El presidente de la Asociación de Locales de Ocio (Alroa), Francisco Javier Galdeano, avisa al Ayuntamiento de que no admitirán decisiones unilaterales, puesto que las pelearán todas en los juzgados, y exigen «diálogo» si hay que ampliar más la protección acústica de Castaños y el Barrio.

«Cada movimiento será respondido en sus términos», ha expresado Galdeano a preguntas de este diario minutos después de que el vicealcalde y concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, anunciara en el pleno de este jueves las dos ZAS. Recuerda que esta figura «requiere de un procedimiento administrativo y que no depende solo de la voluntad del Ayuntamiento». Ahí estarán «atentos» a todos los detalles: desde la calidad y ubicación de los sonómetros a los revestimientos en los locales para evitar vibraciones.

La reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante dando razón a los vecinos ha hecho mover ficha al Ayuntamiento. Ha tomado medidas, que los empresarios rechazan. Por un lado, los vecinos y su derecho a descansar; de otro, la actividad económica de los empresarios. Y el Ayuntamiento en medio de ambos buscando el equilibrio.

Los empresarios del ocio esperan una llamada de Alcaldía o de Medio Ambiente para «sentarse a dialogar» qué medidas se deben tomar para reducir los niveles de contaminación acústica registrados. No admiten que el Consistorio haga la guerra por su cuenta sin contar con los principales perjudicados, que serían los locales.

Respecto al fallo de primera instancia, tanto los empresarios como el propio Ayuntamiento han recurrido al Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Por tanto, recuerda el presidente de Alroa, abogado de profesión, que «los dos meses obligatorios para aplicar un ZAS no son firmes y que, al estar recurrido, ponerlo en marcha podría provocar querellas muy importantes» por lucro cesante, que irían contra las arcas municipales. De ahí, que los empresarios esperan una llamada del Ayuntamiento para iniciar el diálogo.

Se da la circunstancia de que el TSJ acaba de revocar otra sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante. Y una no menor, que condena al Ayuntamiento de Benidorm a pagar una indemnización de 330 millones de euros a los dueños de unos terrenos en Serra Gelada por un convenio urbanístico no ejecutado.

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