Desahucio en Alicante tras años viviendo entre humedad y heces
La inquilina asegura que los propietarios del inmueble se han negado durante dos años a arreglar una bajante y le exigen que abandone la casa
Cristina lleva casi diez años viviendo de alquiler en su casa. El problema es que, poco a poco, ha dejado de ser un hogar. Un problema en la bajante ha convertido sus paredes en una fuente constante de aguas fecales y grises del edificio; su techo, en un amasijo de cables colgando; y su ducha, en una charca putrefacta donde campan a sus anchas cucarachas y gusanos.
El conflicto viene de lejos: hace dos años se rompió la bajante del edificio. El bajo en la calle General Espartero en el que esta mujer vive con su marido y sus dos hijos nunca estuvo en las mejores condiciones, pero hasta entonces no suponía un problema de salud. Sin embargo, en ese momento, la propiedad del bloque de viviendas de alquiler se negó en redondo a sustituir una bajante que data de la construcción del edificio, en 1936.
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Las continuas reclamaciones de los vecinos, las fotografías que mostraban un baño por el que salían heces y orina entre los azulejos, o la legislación que determina que las reformas estructurales son responsabilidad de la propiedad y no de los inquilinos, no sirvieron de nada. La decisión ya estaba tomada: Cristina y el resto de vecinos debían abandonar la vivienda. La respuesta de las propietarias fue tajante: «Esto no es una ONG».
Desde entonces, todo ha ido a peor. El acuerdo por el que Cristina entró a vivir en 2013, con un alquiler de 150 euros, no fue suficiente cuando Rafa, el antiguo propietario, falleció. Fue la confianza en este hombre y un acuerdo verbal —por el cual la familia se encargaría de mantener la vivienda habitable e ir haciendo pequeñas reparaciones— lo que les llevó a seguir adelante. Durante este tiempo reformaron por completo el baño —hace solo dos años— y mantuvieron el inmueble en condiciones. Sin embargo, tras la muerte de Rafa, sus hijas heredaron la propiedad y parecen tener otros planes para el edificio.
Con los años, la humedad ha ido apoderándose de la casa. El techo del baño se vino abajo por la fuga de la bajante, dejando los cables al descubierto y generando además problemas eléctricos en toda la vivienda. «Nos daba miedo dejar los plomos encendidos y que se incendiara la casa por un chispazo de la nevera o la lavadora», explica Cristina. Por eso, tras dos años en estas condiciones, decidieron dejar de pagar el alquiler. La propiedad presentó una denuncia por impago, y el pasado 27 de junio recibieron la orden de desahucio.
Desde entonces, viven temporalmente en casa de un familiar. Aseguran que su salud se ha visto gravemente afectada por haber permanecido tanto tiempo en un ambiente insalubre que la propiedad se negó a reformar. Cristina sufre neumonía asmática y estuvo dos meses sin apenas poder moverse; su marido padece EPOC y sus dos hijos, asma. Además, según el Sindicat de Barri de Carolines, la familia cuenta con un informe de vulnerabilidad y un dossier fotográfico que acredita el estado de la vivienda. Incluso la propiedad intentó declarar el inmueble en ruina.
En este edificio ya se han marchado dos familias más, también con menores y personas con discapacidad a su cargo, tras sufrir —según denuncia Cristina— amenazas y coacciones. Afirma que los dos pisos que han quedado vacíos ya están siendo reformados para ser destinados al alquiler turístico. Está convencida de que ese es el objetivo de las nuevas propietarias: vaciar el bloque y reformarlo por completo para ese uso.
Por eso ha decidido visibilizar su situación. En su misma situación hay otra familia con cuatro menores, cuya fecha límite para abandonar la vivienda es el 31 de octubre. Además, otra vecina con una hija pequeña está a la espera de la carta de ejecución del desahucio.
«No nos queda otra que luchar por una vivienda digna para las familias vulnerables», reconoce Cristina con la voz quebrada.
