Compromís llevará al pleno las contrataciones de las mascarillas durante la pandemia

Desde la formación valencianista afirman que no hay ningún indicio de que haya ninguna ilegalidad en estas compras pero se suman al carro de las palabras del president de la Generalitat, Carlos Mazón, «todos los valencianos tenemos que saber la verdad, saber con qué empresas se contrató, con quién y por qué y qué mecanismos de control se aplicaron».

En este sentido, los valencianistas insisten en replicar las diferentes comisiones de investigación que otras administraciones están realizando como les Corts o el Congreso de los Diputados y afirman que su formación votará a favor de todas ellas.

«Hay que auditar todos los contratos porque no acusamos a nadie pero en muchas administraciones se están abriendo casos de investigación sobre los contratos de las mascarillas, su envasado y distribución», ha destacado el portavoz de Compromís, Rafa Mas. «La compra de mascarillas tiene la lupa de al menos cinco tribunales cuatro años después por delitos contra la hacienda pública, cohecho o tráfico de influencias entre otros, esperamos que el Ayuntamiento de Alicante lo hizo con buena voluntad pero queremos saber», ha añadido.

En ese sentido desde Compromís consideran que la moción saldrá adelante con el apoyo de todos los grupos políticos, «el PP no puede auditar a otras administraciones y no hacer lo propio cuando ellos gobiernan», ha incidido Mas. El portavoz ha explicado que quiere conocer qué empresas se contrataron, por qué esas y que material se contrató, además de saber que decisiones políticas se tomaron «para analizar y salvaguardar la imagen de este Ayuntamiento».

Durante la emergencia del covid-19 el Ayuntamiento de Alicante contrató lotes para el suministro y distribución del material sanitario preventivo frente al virus. El coste de los diferentes contratos oscilan entre los 471.000 € de mayo de 2020 o la modificación presupuestaria de noviembre de ese mismo año de 1.057.000 euros para el suministro de mascarillas quirúrgicas para los colectivos más vulnerables, servicios esenciales y población en general.