Compromís reclama altura de miras y un frente político común contra los macrodepósitos

La coalición insiste en un frente común de las fuerzas políticas después que el Partido Popular no aceptara debatir la declaración institucional en el pleno del mes pasado y urge al pleno a reactivar comisión municipal Puerto-Ciudad para dialogar sobre la integración del Puerto y garantizar la salud y los derechos de las personas que viven en los barrios cercanos al mismo.

El portavoz municipal, Rafa Mas, ha recordado que la empresa promotora del proyecto ha iniciado los trámites previos a la solicitud de licencia de la segunda fase del proyecto, seis veces más voluminosa que la inicial al contar con doce depósitos con capacidad para 600.000 m3 de hidrocarburos.

Mas ha explicado que «el Partido Popular está titubeando ante un asunto que parecía tener anteriormente claro. Esta iniciativa la debería presentar el alcalde, como ya se hizo en 1995; y no la oposición. La empresa está procediendo a conseguir licencias a través del fraccionamiento de la actividad. Esto significa que buscan evitar el radar del ministerio en cuanto a la magnitud de la obra, planteando una actividad altamente contaminante y pretendiendo esquivar los informes legales de impacto ambiental de una industria que va a desarrollarse cerca de espacios educativos y en el entorno de diversos LICS de la Bahía de Alicante así como a la reserva de Tabarca»

Mas ha apuntado que la coalición trasladará la cuestión al ministerio responsable del informe medioambiental para conocer cómo está abordándose la viabilidad de los macrodepósitos desde el gobierno del Estado.

Juan Bordera, diputado responsable de la comisión de Medio Ambiente, Agua e Infraestructuras de Les Corts Valencianes, ha señalado que Compromís continua a la espera de los informes de seguridad autonómicos. Hace dos meses el síndico de la coalición, Joan Baldoví, reclamó toda la documentación.

El diputado ha aseverado que Compromís volverá a presentar una proposición no de ley en Les Corts para que la cámara debata y reitere su negativa este tipo de infraestructuras en espacios urbanos «y respete tanto los acuerdos de anteriores legislaturas, como la voluntad de la ciudadanía alicantina que ya en 1995 dijo que no a tener depósitos de combustibles pegados a la ciudad».