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La DANA ha dejado un total de 211 personas fallecidas desde el pasado martes 29 de octubre. Así ha informado de la nueva cifra provisional de víctimas el CECOPI durante la tarde de este lunes, según los datos confirmados por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Al mismo tiempo han explicado que continúa el proceso de levantamiento e identificación de cadáveres.
Sobre esto último también se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) con un balance -actualizado por el Centro de Integración de Datos (CID)- de 111 personas plenamente identificadas por los forenses y los especialistas de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Casi el total de identificaciones positivas se ha producido por el cotejo de huellas dactilares, mientras que siete de ellas se ha logrado con los análisis de ADN.
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Asimismo, el TSJ ha informado de que el Instituto de Medicina Legal de Valencia ha realizado 190 autopsias a cadáveres desde el pasado miércoles. Este número de cuerpos ha tenido entrada en la Ciudad de la Justicia de Valencia y han sido, por tanto, derivados con posterioridad a la morgue habilitada en Fira Valencia.
El balance del órgano judicial autonómico continúa explicando que la emisión de dictámenes positivos de identificación se «ha acelerado considerablemente desde la anterior actualización». Sin embargo, la entrada de difuntos y la consiguiente práctica de autopsias en dependencias forenses se ha ralentizado.
Los Juzgados de los partidos judiciales más afectados por el temporal que azotó a la provincia de Valencia la pasada semana han autorizado la entrega a las familias de un total de 47 cuerpos de personas fallecidas y han expedido las correspondientes licencias de enterramiento o incineración.
Con esa documentación judicial, las empresas pueden hacerse cargo de los difuntos en la morgue habilitada en Fira de Mostres y trasladarlos a los lugares designados por las familias. Ya lo han hecho, según datos del Centro de Integración de Datos (CID), con al menos 35 fallecidos.
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Los juzgados implicados siguen realizando comparecencias con los parientes de las víctimas mortales a las que ya se les ha practicado la autopsia y están plenamente a identificadas, en algunos casos por vía telemática o videollamadas ante la imposibilidad de algunos de ellos de acceder a las sedes judiciales.
Tras esas comparecencias, los jueces autorizan la entrega de los restos mortales y los letrados de la Administración de Justicia expiden las licencias de inhumación o incineración a las empresas fúnebres.
El objetivo de los órganos judiciales con diligencias previas abiertas por fallecimientos durante la DANA es agilizar al máximo los trámites burocráticos para que los damnificados por la tragedia puedan hacer frente al proceso de duelo y de despedida de sus seres queridos.
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