¿Está preparado Alicante para una DANA como la de Valencia?

La DANA que está azotando la provincia de Valencia hace recordar a muchos cuando el cielo cayó sobre la ciudad de Alicante. Fue en 1997, cuando una riada causó cuantiosos destrozos que, pasado más de un cuarto de siglo, siguen en la memoria colectiva. Aquella catástrofe dejó víctimas mortales, pero muy alejadas de las al menos 200 que hay confirmadas en este reciente episodio climático. 

En aquel entonces, la Administración emprendió medidas de calado para paliar los efectos que una nueva inundación pudiera tener en la ciudad, algo que dio pie al Plan Antirriadas, una de las actuaciones de mayor calado que ha presenciado la ciudad en las últimas décadas. 

Aquel proyecto dejó en la capital alicantina 40 kilómetros de canalizaciones bajo sus calles de hasta dos metros y medio de diámetro. El multimillonario coste en pesetas de aquella época venía a paliar uno de los males endémicos con los que contaba Alicante, como es la falta de condiciones de sus cauces; de ahí la necesidad de contar con un sistema de alcantarillado que evitara las inundaciones así como la proliferación de pozos negros.

A aquel plan se han sumado con el tiempo otras actuaciones con las que evitar el desastre de hace ahora 27 años, como es el depósito inundable de San Gabriel. El llamado tanque antitormentas se construyó en 2011, ocupando el subsuelo del campo del fútbol del polideportivo 'Juan Antonio Samaranch'; a 17 metros de profundidad y con una capacidad para retener 60.000 metros cúbicos de aguas que llegan desde los colectores de pluviales en caso de lluvias torrenciales.

El tanque está asociado a una estación de bombero, que permite elevar el agua hasta la depuradora de Rincón de León para su tratamiento y reutilización en baldeo, riego de parques y jardines o de suelo agrícola.

La instalación fue pionera en España, y durante los episodios de intensas lluvias que han azotado a Alicante en los últimos años, ha permitido evitar el vertido al Barranco de las Ovejas de grandes caudales de aguas sucias, así como contaminadas, fruto de las tormentas. 

La más reciente obra antinundaciones de la que ha sido dotada Alicante es el parque La Marjal. Ubicado a escasa distancia de la playa de San Juan, la infraestructura construida por Aguas de Alicante y el Consistorio tiene como principal objetivo amortiguar los efectos de una inundación. 

Construido en 2013, la instalación dispone de dos colectores con tendencia a inundarse, y que concentran agua procedente de las crecidas y que posteriormente la canalizan hasta los dos estanques del parque. La Marjal tiene capacidad de acumular un volumen de más 45.000 m3 de agua pluvial.

A esta función hidráulica, la Directora de Desarrollo Sostenible en Aguas de Alicante, Amelia Navarro, añade otras dos: «una social, como parque municipal para uso de la ciudadanía; y, por último, la ambiental, como pulmón verde para la ciudad que favorece la biodiversidad».

A este parque promete sumársele otro de las mismas características, y que estaría ubicado en las inmediaciones de la Vía Parque. El proyecto, financiado entre el Ayuntamiento de Alicante y Aguas de Alicante, no pudo entrar en el primer paquete de fondos europeos con inversiones hasta 2025, pero se volverá a presentar para la siguiente edición, según confirman fuentes municipales.

El proyecto contará con un depósito abierto para la infiltración, almacenamiento y laminación del agua pluvial en un entorno donde se generan grandes captaciones. Según los responsables del proyecto, el futuro parque podría proteger a unos 40.000 habitantes en zonas de riesgo de inundación.

La normativa en el ámbito de la obra civil se ha ido adaptando con el paso de los años para afrontar los episodios de lluvias y riadas cada vez más frecuentes en el arco mediterráneo. Un ejemplo de ello es la modificación que tuvo lugar en 2016 de la norma que aborda cómo debe ser el sistema de drenaje de las carreteras --Norma 5.2-IC de la Instrucción de carreteras--. Según explica la profesora del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante María José Moya, esta es la normativa que toman como referencia los ingenieros para hacer los estudios hidrológicos de las infraestructuras.

Hace ocho años se cambió aquella norma, aplicando unos parámetros específicos que afectan a diferentes zonas del arco mediterráneo (entre ellas a la provincia de Alicante), y que hizo aumentar hasta seis veces el cálculo de los caudales de agua que deben soportar estas infraestructuras. Sin embargo, tal y como explica Moya, la reciente Dana ha dejado registros para los que ninguna normativa estaba preparada. «Ha sido una auténtica barbaridad. En apenas dos horas se han cosechado registros que en condiciones normales corresponden al acumulado de un año hidrológico entero. Las infraestructuras no están calculadas para un evento de esa magnitud».

En ese sentido, los ingenieros civiles trabajan con el concepto de 'periodo de retorno', que en términos hidrológicos está relacionado con las avenidas de agua que va a tener que soportar una infraestructura o construcción en un periodo determinado. Para infraestructuras cuyo colapso puede generar daños de gran consideración –como los puentes–, se tiende a establecer periodos de retorno muy elevados, y que pueden superar los 100 años. Pero con los cada vez más frecuentes episodios de lluvias torrenciales que se cosechan en la Comunitat, los recientes cambios de normativa han hecho que los caudales hídricos estimados que debe soportar una estructura sean mayores, aunque el periodo de retorno pueda llegar a reducirse.

La adaptación a catástrofes no solo viene de la mano de las infraestructuras, sino también de los planes de coordinación y prevención contra contingencias. Aquí entran en juego los planes municipales frente a inundaciones, que para la provincia de Alicante son obligatorios en 67 municipios, aunque una parte de ellos –algo más de una decena– no lo tienen en vigor. Moya lamenta esta situación, y va más allá, puesto que considera necesario que la obligatoriedad se haga extensible a todos los municipios de la provincia.

La Generalitat Valenciana cuenta con un instrumento propio para anticiparse a este tipo de catástrofes naturales, como es Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), que, entre otras cosas, define los municipios de la Comunitat con elevado riesgo de inundación. 

Diez municipios de la provincia de Alicante forman parte de esta lista, definida por una resolución emitida en 2016. La decena de municipios en esta lista se encuentran en la comarca de la Vega Baja, y son los siguientes: Callosa de Segura, Catral, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Formentera del Segura, Orihuela, Rafal, Benejúzar y San Fulgencio.

José Manuel Román, del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, pone en valor instrumentos como estos para establecer una correcta planificación urbana de los municipios, para la que se deben tener en cuenta los estudios de inundabilidad. A pesar de ello, considera «prácticamente inasumible» dimensionar el diseño de las ciudades a episodios de lluvias tan inusuales como el de la reciente DANA, debido al «elevadísimo coste que ello supondría».

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