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Una empresa de Crevillent se enfrenta a su posible cierre y a una multa de 1.750.000 euros por intentar vender -tras una operación contra la falsificación y el contrabando a través de seis inspecciones- un total de 1.961 pilas de una conocida marca japonesa falsificadas. La puesta en el mercado de estas baterías supone un perjuicio económico para la firma original y, también, un riesgo para la salud de los usuarios.
Fue el pasado 7 de julio cuando la Guardia Civil, a través de información procedente de la Unidad Central de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UCAIFF) y del Destacamento de Fiscal y Fronteras de Teruel, tuvo conocimiento de las posibles irregularidades realizadas por una sociedad mercantil de Crevillent. Para verificar esta información, la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de Santa Pola dio inicio a una operación.
Conforme avanzan las investigaciones, se averiguó que dicha empresa vendía pilas falsificadas de una conocida marca, suponiendo un perjuicio económico para la marca y un riesgo para los usuarios finales. Además, esta empresa se encontraba relacionada con otras cinco sociedades más que operaban de la misma forma que la investigada.
La Guardia Civil procedió a la explotación de la operación el pasado 18 de julio, realizando diversos registros en las empresas investigadas, todos ellos en Crevillent. De estas actuaciones se intervinieron 1.961 pilas supuestamente falsificadas, dispuestas para su venta directa, siendo retiradas del mercado.
Contrastada toda la información con la marca perjudicada, informaron de que los productos retirados, se trataban de falsificaciones, por lo que los investigadores realizaron un ofrecimiento de acciones a los afectados.
Por estos hechos, la empresa investigada fue denunciada a la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, y al Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, dando cuenta a los organismos competentes.
Los responsables de las infracciones administrativas de contrabando se pueden enfrentar al cierre del establecimiento o la suspensión del ejercicio de la actividad, así como la incorrecta gestión de residuos puede acarrear multas de hasta 1.750.000 euros.
La Guardia Civil recuerda que adquirir este tipo de objetos falsificados, puede suponer un riesgo para la salud de los consumidores ya que se fabrican con metales pesados como plomo, cadmio o mercurio, y que, al ser falsificaciones, no hay ningún tipo de control de calidad en su fabricación.
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