El PP de la Diputación defiende el valenciano en la ciudad de Alicante mientras el Ayuntamiento lo rechaza
La institución reconoce en una moción apoyada por los populares el predominio lingüístico valenciano en la capital | Tanto Vox, que solicitó el cambio en el Consistorio, como Compromís no han apoyado el texto
La Diputación Provincial de Alicante ha aprobado en su pleno ordinario de julio una moción en la que consta «el reconocimiento de la ciudad de Alicante de predominio lingüístico valenciano según la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià». Esta moción ha salido adelante con la mayoría absoluta del Partido Popular, incluido el voto de la concejal alicantina Crstina García Garri, a la que se ha añadido el PSPV.
La propuesta inicial de Compromís salía en «defensa de la oficialidad del valenciano a la ciudad de Alicante» y condenando «la persecución lingüística» a raíz de la declaración institucional promovida por el Ayuntamiento de Alicante solicitando a la Generalitat la modificación de la ciudad del régimen actual de predominio lingüístico valenciano al español.
Los socialistas se han unido a la moción de Compromís transformada tras una enmienda 'in voce' presentada por los populares tras alertar de que «la Diputación no puede oponerse a la autonomía de otra entidad local» y señalar que «la cuestión debatida no es una competencia propia de la institución provincial», tal y como ha apuntado el diputado de Desarrollo Económico, el popular Carlos Pastor.
De esta manera, en el texto aprobado finalmente se acuerda «reafirmar el compromiso de la Diputación en la defensa del valenciano como lengua oficial histórica y de convivencia» en la ciudad de Alicante. Tanto Vox, que solicitó el cambio en el Ayuntamiento de Alicante, como Compromís no han apoyado la redacción definitiva de la moción.
Consejo Económico y Social el próximo martes 22 a las 11 horas
La institución provincial convocará el Consejo Económico y Social el próximo martes 22 a las 11 horas. Así lo ha anunciado el presidente de la Diputación, Toni Pérez, en el marco del debate de una moción presentada por el grupo socialista, que ha reclamado al equipo de gobierno provincial la convocatoria de este órgano en julio y la celebración en septiembre del debate sobre el estado de la provincia. En este texto, que ha sido rechazado con los votos de PP y Vox, aunque lo ha respaldado el portavoz de Compromís, el PSPV ha alertado de la «baja ejecución» del Plan Planifica de la Diputación, que ha situado únicamente en el 15 por ciento; la «reducción» de la partida económica del Plan +Cerca, y la «no participación» en el Fondo de Cooperación Municipal por parte de la institución provincial alicantina.
No ha sido la única moción polémica del pleno provincial, aunque en esta ocasión populares y socialistas no se han entendido. El tema de la corrupción no podía pasar por alto esta convocatoria, por lo que se han debatido dos mociones presentadas por Compromís y Partido Popular en las que condenan la corrupción en las instituciones. Los nacionalistas no querían incluir la petición expresa de dimisión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la convocatoria de elecciones generales. El portavoz de Compromis, Ximo Perles, ha admitido compartir la petición de dimisión del líder socialista pero ha rechazado la enmienda por entender que modificaba la parte expositiva de su moción.
Aunque ambos textos compartían prácticamente todas las propuestas de acuerdo, finalmente la de Compromís no ha contado con el apoyo suficiente -ya que solo ha votado a favor el Grupo PSOE-, mientras que la defendida por el equipo de gobierno sí ha logrado el respaldo de PP y Vox.
Así, la moción aprobada finalmente condena cualquier acto corrupto a nivel de la administración e instan al Gobierno de España a «depurar todas las responsabilidades derivadas de estos con las dimisiones no solo de las personas relacionadas directamente, sino también de los responsables políticos directos». Además, se pide que se modifique el Código Penal para incluir sanciones específicas para los implicados en casos de corrupción, como la prohibición de contratar con la administración pública.
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