La Generalitat reclama al Gobierno 250 millones de euros para activar ERTEs tras la DANA

La Generalitat Valenciana ha reclamado al Gobierno de España un total de 250 millones de euros para activar «de oficio» una batería de ERTEs «por fuerza mayor», dirigidos a empresas ubicadas en las zonas afectadas por la DANA. Todo ello entra en el marco del primer paquete de ayudas que Mazón ha anunciado este martes, en el que solicita 31.402 millones de euros al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Esta medida se incluye en un Plan Extraordinario de Formación y Empleo, que también pretende habilitar «todos los instrumentos legales posibles» como la exención de las cotizaciones de las empresas y la anticipación del cobro de prestación de desempleo de los trabajadores y autónomos.

El conseller de Cultura, Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha solicitado también a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que las declaraciones de ERTE se puedan declarar de oficio en la zona afectada por la DANA, cuyos municipios afectados quedarán recogidos en la declaración de zona catastrófica o similar que efectúe el Gobierno.

Dicha reunión se ha celebrado durante la tarde de este lunes para activar la comisión de Empleo y Empresa por la DANA; siendo la primera reunión tras su reciente anuncio el pasado sábado. Junto a Rovira y Díaz también han estado la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

Los dirigentes autonómicos han señalado durante el encuentro telemático que la DANA que ha azotado la Comunitat durante los últimos días ha provocado daños de hasta 12.000 millones de euros, según el primer balance de estimación realizado por la Generalitat Valenciana en las áreas de Industria y Empleo.

La estimación premilimar del daño, junto a las actuaciones de emergencia, ascienden a 1.873 millones de euros en el área de Empleo y más de 10.000 millones en el sector industrial de la Comunitat, según los consellers. Con esta comisión junto al Ejecutivo central pretenden activar mecanismos de apoyo para dar respuesta inmediata a las personas afectadas por esta tragedia que, a su vez, suma 211 víctimas mortales.

Dentro del encuentro, la Generalitat ha realizado una estimación de la actividad económica en la zona afectada por la DANA, la cual alcanzaría a más de 370.000 trabajadores, siendo autónomos un total de 68.000. Asimismo, se contabilizan alrededor de 62.000 empresas afectadas. La Administración autonómica también detalla que en las últimas horas se han registrado 16 ERTEs.

En la reunión, Rovira ha solicitado también a Díaz que las declaraciones de ERTE se puedan declarar de oficio en la zona afectada por la DANA, cuyos municipios afectados quedarán recogidos en la declaración de zona catastrófica o similar que efectúe el Gobierno.

Entre otras medidas, ha reclamado además de la activación de dichos expedientes, la no exigencia del periodo de carencia para la prestación por desempleo, el no consumo del periodo de desempleo durante ERTE, la exoneración de cotización a la Seguridad Social durante el ERTE, la bonificación del 100% de Seguridad Social de trabajadores activos (los no afectados por ERTE) de dichas empresas o el anticipo de la prestación por desempleo a principios de noviembre.

Asimismo, el conseller ha lanzado otra batería de medidas de «carácter menos urgente pero igualmente relevantes», como el control de los ERTEs de oficio durante los meses posteriores, la bonificación de cuotas a la Seguridad Social tras la reactivación parcial o total de la actividad, así como las exenciones fiscales y ayudas a empresas afectadas y deducciones fiscales en IRPF por donaciones a afectados.

La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo ha solicitado al Gobierno «una moratoria inmediata» de sus obligaciones a la Seguridad Social y fiscales para las empresas afectadas por las inundaciones mientras no se pueda reanudar su actividad productiva.

También una transferencia desde la Administración General del Estado de un fondo extraordinario para la concesión de ayudas directas desde la Generalitat para la reparación, funcionamiento y reinversión en activos materiales de establecimientos industriales, comerciales y turísticos.

En este sentido, la Generalitat ha cuantificado en más de 10.000 millones de euros los daños ocasionados al sector industrial del área afectada. Aproximadamente el 70% de esa cantidad se concentra exclusivamente en los 123 parques empresariales y polígonos afectados.

Estos daños cubren a 65 municipios (incluyendo los barrios afectados de la ciudad de Valencia). Según las estimaciones de la Generalitat, de estos municipios, en al menos en 32 localidades los daños causados se pueden considerar «como severos o muy grandes», por sus consecuencias en la pérdida de vidas humanas, afección a amplias zonas urbanizadas y la gravedad de las consecuencias sobre las viviendas, infraestructuras y servicios, con un alto grado de afectación a la actividad económica local.

Finalmente, se ha reclamado también del Gobierno la extensión de la cobertura del consorcio de seguros e instalaciones de valorización de materiales que no sean cubiertas o no aceptadas por los seguros privados.

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