Técnicos de Protección Civil exigen cambios en las respuestas a emergencias tras la tragedia de la DANA

Tras la tragedia de la DANA que ha asolado Valencia y ha acabado con centenas de vida en la Comunitat, la población ha centrado muchas de sus críticas en el uso de Protección Civil y en el envío de las alertas, como la del martes, la cual para muchos llegó de manera tardía.

Ha sido este lunes cuando la Asociación Nacional de Especialistas Profesionales en Protección Civil y Emergencias (Aneppce) se ha pronunciado respecto a todo lo acontecido estos días, mandando apoyo a las víctimas de la tragedia y avanzado que el Sistema Nacional de Protección Civil «cuenta con una fase de Evaluación que obligará a auditar los protocolos y decisiones tomadas»:

En dicho comunicado el cuerpo de Emergencias exige una «reorientación y cambio» de la estructura bajo la que se rigen, «ya que ha demostrado no haber servido a sus fines». Estos recuerdan que es la comunidad autónoma la que tiene el mando y control de riesgo de inundación, mientras que el Estado «ha de dar apoyo al territorio y, en su caso, decretar la emergencia nacional ante las consecuencias devastadoras».

Es por ello que Aneppce pide que, tras esta catástrofe, «se modifiquen los modelos actuales de respuesta ante emergencia» y se cambien por «otros basados en la planificación planificación en todos los ámbitos que afectan a la sociedad y en la respuesta preventiva profesionalizada de los municipios, el refuerzo de los sistemas cibernéticos, el desarrollo del sistema de emergencias psicosanitario y la necesaria apuesta por la cultura preventiva y la autoprotección».

Desde Protección Civil mandan una batería de exigencias entre las que destaca la eliminación y sustitución de la ley por la que se rigen los estados de alarma, excepción y sitio por «otra acorde a los tiempos acutales». Así, también piden derogar el Real Decreto por el que se regula el acceso al servicio del 112, «sustituyéndolo por una directriz básica de protección civil que de capacidades de gestión a los municipios de más de 20.000 habitantes».

Así, entre el resto de medidas que exigen desde la asociación está la modificación del Código Penal para sancionar a las autoridades «que no implanten los planes de emergencias en su territorio» o la puesta en marcha de un certificado «obligatorio» en la compraventa de viviendas que refleje el riesgo del territorio.

En cuanto a los seguros, Protección Civil hace alusión a la creación de un mecanismo, gestionado por el Consorcio de Compensación de Seguros que incorpore «el saldo vivo de todas las operaciones de préstamo sobre bienes declarados en siniestro total». Además de «la inmediata dotación económica, con cuantías suficientes, del Fondo de Prevención de Emergencias».

El comunicado incide también en desarrollar una normativa «mínima» que se aplique en todo el territorio con una serie de obligaciones estandarizadas. Del mismo modo defienden «la necesidad de potenciar el papel preventivo de los municipios, dotando a las entidades locales de técnicos en coordinación de emergencias y protección civil cualificados».

Desde la asociación hacen un llamamiento a la defensa de la reglación profesional de estos servicios de emergencia al contar «con suficientes promociones de titulados de FP altamente cualificados» y piden incorporar a profesionales para generar grupos de expertos en inteligencia de riesgso y apoyo psicológico«. De la misma manera inciden en la necesidad de adecuar la plantilla a »los incrementos de población« y extenderla a »las zonas de bajo ratio«.

• Temas
• Formación Profesional
• Protección Civil
• inundaciones
• Dana