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La provincia continúa avanzado en poner coto a los apartamentos turísticos. El territorio aglutina gran parte de la oferta de vivienda vacacional en toda la Comunitat. Según datos de la Conselleria de Turismo, de los 105.111 inmuebles registrados en el listado, unos 73.000 se ubican en la Costa Blanca.
Con el auge de este tipo de alojamientos, que han crecido más de un 160% en la última década, el Consell aprobó hace un mes un decreto ley para regular y controlar este tipo de alquileres. La nueva norma cede parte de las competencias que hasta ahora tenía la conselleria a los Ayuntamientos que así lo deseen, facilitando la lucha contra los apartamentos irregulares.
Benidorm y Torrevieja fueron los dos primeros consistorios en pedir al Consell competencias para sancionar los pisos turísticos. A ellos se le sumó Alicante, que presentó la documentación de manera formal hace poco más de una semana.
El último consistorio local en sumarse a las peticiones ha sido Elche, que ha remitido la documentación esta semana, según ha confirmado TodoAlicante. El gobierno de Pablo Ruz solicita de esta manera al área de Nuria Montes la potestad para multar, inspeccionar y resolver expedientes sancionadores.
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De esta manera el ayuntamiento ilicitano se ha acogido al artículo 98.2 del Decreto Ley 9/2024 del 2 de agosto de la normativa reguladora de las viviendas de uso turístico. A falta de que la Generalitat resuelva los expedientes y compruebe si se cumplen los requisitos generales que se exigen para obtener la delegación de estas competencias, Elche contará con potestad para incoar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores por infracciones leves, graves y muy graves en materia de viviendas de uso turístico ubicadas en su ámbito territorial, así como su inspección.
Según datos del área que dirige Montes, en el municipio de Elche hay 951 viviendas turísticas dadas de alta en el registro, sumando un total de 4.716 plazas. Muchas de ellas se sitúan en las zonas de playa como la de Arenales del Sol. Con la aplicación de la norma el consistorio pretende poner coto a la proliferación de apartamentos turísticos ilegales.
A las peticiones formales de los Ayuntamientos se le suman otras medidas que, bajo el amparo de la nueva norma, tomarán los consistorios de la provincia. Es el caso de El Campello y Xàbia, que ya han delimitado la concesión de licencias.
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Óscar Bartual Bardisa
El primero lo ha hecho durante el próximo año. De esta manera no se emitirán nuevos certificados para bloques de pisos, urbanizaciones de bungalows y locales comerciales, mientras que el Ayuntamiento de la localidad de la Marina Alta ha frenado la concesión de licencias durante seis meses.
Además de la cesión de competencias a los Ayuntamientos, el decreto ley de viviendas turísticas traerá consigo distintas novedades. Así, aquellos propietarios que quieran solicitar la licencia para su vivienda deberán de contar con el aval de la comunidad de vecinos, que deberá tener explicitamente redactado en su estatuto que no se prohíbe el uso de estos pisos como alojamientos vacacionales.
Otra de las grandes novedades es que se obligará a identificar a las personas que se van a alojar en la vivienda de uso turístico y que se prohiben los cajetines de llaves, obligando al propietario o al empleado a recepcionar a los turistas para dar las llaves del piso, que deberá tener obligatoriamente wifi y teléfono de emergencia.
Además, los propietarios podrán redactar ciertas normas de convivencia que, en caso de incumplirse, podrían llevar a la expulsión de los huéspedes del alojamiento sin indemnización.
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