Los ayuntamientos de la provincia podrán limitar el número de pisos turísticos por barrios

El debate de la vivienda turística sigue más vivo que nunca en pleno verano. Con los precios de los pisos disparados y la gran avalancha de turistas a la Costa Blanca, son muchos los que piden una regulación más dura a este tipo de alojamientos. Peticiones que parecen haber escuchado desde la Generalitat.

Y es que el número de pisos turísticos en la Comunitat ha pasado de 38.319 en 2015 a los 105.111 registrados este 2024, un incremento del 160%, según datos de la conselleria de Turismo. De todos ellos, la gran mayoría se encuentra en Alicante, donde hay hasta 72.769 viviendas dedicadas al alquiler vacacional.

Es por ello que hace unos meses la consellera de Turismo, Nuria Montes, avanzó el proyecto de decreto ley que se encontraba en el tintero. Ha sido este jueves 1 de agosto cuando la máxima responsable de este área autonómica ha explicado en que consistirá la nueva norma, que se aprobará el viernes, en una presentación frente a representantes del sector turístico y sindícatos.

Entre las principales novedades comentadas por Montes se encuentra la importancia que toman los ayuntamientos. De esta manera la norma dota de autonomía a los consistorios locales para que puedan limitar el uso de las viviendas como alojamientos turísticos.

La consellera ha explicado que, basándose en criterios técnicos, los consistorios locales podrán establecer «limitaciones» al número de viviendas turísticas por distritos, barrios o incluso edificios, para así evitar la congestión y las aglomeraciones de este tipo de alojamientos.

No será la única competencia que se ceda a los ayuntamientos. Las administracioens locales que lo soliciten tendrán potestad para insturir y resolver las sanciones leves, graves y muy graves en materia de pisos turísticos. «A partir de enero de 2025 comunicaremos a los ayuntamientos las viviendas del registro e iremos enviando cada tres meses las altas y las bajas para que controlen el parque», ha incidido Montes sobre esta colaboración entre administraciones que permitirá perseguir a los infractores.

La nueva norma, que se aprobará este viernes 2 de agosto, obligará a que los propietarios de viviendas turísticas tengan que comunicar su referencia catastral antes del 31 de diciembre si no quieren quedarse sin la licencia y desaparecer del registro. Además, estas licencias tendrán que renovarse cada cinco años o al traspasarse la vivienda, para así evitar «la especulación».

No es la única novedad que se presenta con la norma. Aquellos propietarios que quieran solicitar la licencia para su vivienda deberán de contar con el aval de la comunidad de vecinos, que deberá tener explicitamente redactado en su estatuto que no se prohíbe el uso de estos pisos como alojamientos vacacionales.

La consellera también ha remarcado como grandes novedades que «se obligará a identificar a las personas que se van a alojar en la vivienda de uso turístico» y que se prohiben los cajetines de llaves, obligando al propietario o al empleado a recepcionar a los turistas para dar las llaves del piso, que deberá tener obligatoriamente wifi y teléfono de emergencia. Además, los propietarios podrán redactar ciertas normas de convivencia que, en caso de incumplirse, podrían llevar a la expulsión de los huéspedes del alojamiento sin indemnización.

Montes también ha explicado que se endurecen las infracciones, pasando a «muy grave» el alquiler de habitaciones, terminantemente prohibido y que podría llegar a acarrear multas de hasta 600.000 euros. «Contactaremos con las plataformas para que cesen los anuncios de este tipo», ha destacado la responsable del área durante su intervención.

«Todas las viviendas que se comercialicen deberán contar con la normativa de habitabilidad y los códigos de edificación vigentes», ha explicado la consellera, quien recuerda que con el decreto los propietarios de las viviendas de uso turístico serán «responsables subsidiarios a las infracciones que se cometan», ya que hasta ahora lo eran los comercializaciadores.

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