Las constructoras alicantinas estallan contra el «abuso» del Gobierno en la adjudicación de obras públicas

La Federación de Obras Públicas y Auxiliares de Alicante (FOPA) ha estallado contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de «abusar» de sus propios medios -con la empresa Tragsa- en la adjudicación de obras públicas, que tienen «objetos impropios en su función».

En esta línea, el presidente de FOPA, Javier Gisbert, denuncia la «competencia desleal» del Gobierno hacia el sector privado y señala el incremento «no justificado» de la adjudicación de determinadas actuaciones de obra pública a empresas del Estado.

Los datos que maneja FOPA son de un crecimiento del 95% en los últimos años en la contratación de obra a medios propios del Estado, como Tragsa. Esta política es «un abuso en las condiciones que establece en materia de precios, personal cualificado o subcontrataciones».

Con estas prácticas de «competencia desleal» hacia las constructoras privadas, Gisbert acusa al Gobierno de Sánchez de convertir Tragsa «en un caballo de Troya contra el sector y contra el empleo que generamos».

Del mismo modo recuerda que la empresa pública tiene como objeto social el desarrollo rural, la conservación del medioambiente y la respuesta a las emergencias, por lo que desde hace cinco años el Estado le adjudica «responsabilidades técnicas para las que (Tragsa) no está dotada ni preparada».

Gisbert denuncia también que Tragsa «se hace» con contratos de licitaciones desiertas que no se han podido atender porque los precios de la oferta no eran acordes al mercado y su adjudicación «suponía trabajar a pérdidas».

A su juicio, el presidente de FOPA advierte de que «hay una velada intención de convertir a las empresas privadas del sector en subcontratas de las empresas públicas en actuaciones de obra pública», una situación que rompe las dinámicas del sector generando relaciones de dependencia con «precios y condiciones perjudiciales».

El presidente de FOPA, Javier Gisbert, exige el cese del «dumping en obra pública que hace el Gobierno español contra las empresas de su país». Por ello, reclama que el Ejecutivo central «respete las reglas del juego» y que la colaboración público-privada «no sea un sometimiento que ponga en peligro empresas y empleos del sector».

Desde la patronal temen que la adjudicación de licitaciones desiertas a Tragsa se convierta en una práctica «extendida hasta ahogar al sector», dejando atrás una colaboración público-privada «tan necesaria».

Al mismo tiempo, Gisbert denuncia que con esta política en materia de obras públicas el Estado «está tirando los precios, un grave error que pone en peligro a las empresas y sus empleos y, a medio plazo, pone en peligro que existan empresas con capacidad técnica para seguir construyendo obra pública innovadora, eficiente y útil a la ciudadanía».

El sector empresarial español dedicado a la construcción -y el asentado en la provincia de Alicante en especial- tiene una «elevada reputación» técnica y profesional en todo el mundo, la cual se puede «poner en peligro si se trabajaba desde el Estado en romper las reglas del mercado».