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Nuevo choque entre la Generalitat y el Gobierno. El Consel ha vuelto a estallar contra el Ejecutivo central tras el anuncio de la ampliación del aeropuerto de Barcelona El Prat, a la que se destinarán 3.200 millones de euros. Una decisión que no ha sentado nada bien a la administración autonómica, al estar la futura ampliación de la terminal del aeropuerto de Alicante-Elche en fases muy tempranas.
Desde el Consell han lamentado «el abandono del Gobierno» y piden «máxima urgencia» para acometer los trabajos en el aeropuerto alicantino. La responsable del área de Industria y Turismo, Marián Cano, aunque ha celebrado esta inversión para mejorar la conectividad detalla que «no podemos aceptar que mientras se define con claridad y cuantía una inversión de enorme envergadura para Barcelona, y que en Alicante sigamos esperando la concreción de la segunda pista, una actuación estratégica y urgente».
Tras los cuatro primeros meses el aeropuerto de Alicante-Elche ha registrado sendos récords y todo apunta a que 2025 volverá a ser el año con mayor tráfico de pasajeros. En este sentido la consellera apunta a que la terminal «está operando por encima de su capacidad técnica, con cifras de récord y una tendencia de crecimiento sostenida».
Cano insiste en que, según el estudio de la Cámara de Comercio de Alicante presentado en el 2024, la no ampliación de la terminal alicantina «podría suponer pérdidas millonarias en ingresos y empleo». Se calcula que dos millones de pasajeros podrían dejar de llegar cada año, con un impacto de 920 millones de euros en ingresos turísticos anuales si no se construye la segunda pista.
En este sentido la consellera apunta a que mientras otras autonomías, como Cataluña, avanzan con importantes inversiones para la ampliación del aeropuerto de Barcelona, la Comunitat Valenciana sigue esperando», y pide «un trato justo y equilibrado con la realidad económica y turística de nuestro territorio».
La consellera ha reclamado «hechos, no promesas» y saca pecho de que la Comunitat y Alicante «han demostrado su capacidad para atraer turistas, inversiones y tráfico aéreo«, pero, a juicio de Cano, ahora es necesaria »una planificación justa, equilibrada y transparente, que sitúe nuestras infraestructuras donde merecen estar: al nivel de su demanda y potencial económico».
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