El SOS de las playas de Alicante: el 43 % ha reducido su extensión en la última década

Las playas de Alicante y el resto de la Comunitat han emitido un mensaje de alerta, y es que según un informe del grupo ecologista Greenpeace, los arenales alicantinos han disminuido su extensión hasta un 43% en la última década. La situación afecta a toda la costa valenciana, especialmente a la de la provincia de Valencia, con un 64,8% de retroceso; y en menor medida a la castellonense con un 18,8%.

El informe de los ecologistas lleva por nombre 'Crisis a Toda Costa 2024', el cual realiza una radiografía de los más de 8.000 km de costa española. Entre los riesgos que expone Greenpeace para el litoral peninsular se encuentra la urbanización e infraestructuras, contaminación, la construcción de barreras artificiales (como diques, espigones, paseos marítimos o puertos deportivos), el despilfarro de recursos naturales y el encauzamiento, soterramiento y desvíos de cauces fluviales.

A estas «malas prácticas» hay que sumar las debidas específicamente al cambio climático: la subida del nivel del mar, el aumento en frecuencia e intensidad de los eventos meteorológicos extremos (como olas de calor, sequía, lluvias torrenciales, temporales, huracanes, incendios e inundaciones), el incremento constante de la temperatura de mares y océanos y la pérdida de oxígeno disuelto en el agua, que dispara de forma exponencial los riesgos.

En este sentido, los puntos alicantinos que presentan mayor riesgo de aquí a 2030 debido al aumento del nivel del mar son el Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva, Santa Pola y Torrevieja en Alicante.

Por otra parte, Greenpeace recalca que el agua más caliente se evapora más y esto provoca la formación de DANA y ciclones más potentes y peligrosos, aumentando los daños por inundaciones. En la costa de Alicante ya están identificados los tramos de costa en mayor situación de riesgo frente a los temporales: Guardamar, Santa Pola, El Pinet de Elche, la Playa de San Juan y de Muchavista, la zona de Les Marines y Les Deveses en Dénia.

A pesar de los claros avisos que reclaman precaución, «el afán urbanizador» sigue presente en normativas y proyectos, recalcan desde la entidad. En este sentido, comentan que el anteproyecto de ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana plantea acabar con la protección de las 7.500 hectáreas de costa que todavía permanecían sin urbanizar y rebajar de 1.000 a 500 metros la distancia a la línea de costa de la construcción de viviendas. Los planes de construcción, apuntan, «siguen tratando de llenar de cemento y ladrillo los pocos espacios que quedan sin urbanizar».

Varios de estos proyectos han sido denunciados ante la Comisión y el Parlamento Europeo recientemente, como el PAI de Cala Mosca (Orihuela), el PAI de la Serreta (La Nucia), el PAI Medina de Llíber en la Marina Alta (Alicante) o el PAI del Puig.

Desde Greenpeace recalcan que esta «desprotección» afectará a los planes urbanísticos de emplazamientos como Cala Mosca en Orihuela, que supone la construcción de centenares viviendas en el litoral de la Vega Baja. 

Para la organización, es «urgente» hacer frente a estos riesgos. En este punto, afirman que tan sólo con una reducción moderada de las emisiones de gases de efecto invernadero se podría evitar el 40% del retroceso de las playas de todo el mundo. Cada nuevo temporal destruye las costosas intervenciones artificiales que no atienden a la raíz del problema. Sólo entre 2016 y 2020 se gastaron cerca de 60 millones de euros en la reposición artificial de arena en las playas.

«Las soluciones han de ser locales, porque cada tramo de litoral tiene características propias, pero deben ser acordadas por las administraciones y participadas por la ciudadanía de forma urgente. Proteger y conservar las playas supondría un beneficio 150 veces superior a dejar que sigan deteriorándose», argumentan.