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Varios letrados se concentran con una pancarta mientras tiene lugar una reunión del comité de huelga de los letrados con Justicia E.P

Los letrados de Justicia acusan al Ministerio de propagar bulos en una «guerra sucia»

Los funcionarios convocan una manifestación para el 9 de marzo tras las «infructuosas reuniones»

Viernes, 3 de marzo 2023, 20:15

Sigue el culebrón entre los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y el Ministerio. Ya son cuatro las reuniones que han acabado de la misma manera: sin acuerdo. El chicle se estira y destroza una actividad judicial que ya ha bloqueado más de 150 millones de euros en las provincia de Alicante.

La situación está tensa y solo aparecen reproches que no hacen más que distanciar unas relaciones heridas desde el 2009, cuando a los letrados se les atribuyeron mayores competencias y responsabilidades, sin premiarse económicamente.

El último episodio de este culebrón proviene de las acusaciones vertidas desde el comité de empresa de los LAJ hacia la ministra de Justicia, Pilar Llop. Los letrados la acusan de «propalar bulos» en una «guerra sucia impropia de responsables públicos en lugar de solucionar de una vez el grave conflicto existente».

La manifestación

Las tres asociaciones de letrados- Unión Progresista de Letrados (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (Ainlaj) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados- han convocado una manifestación para el 9 de marzo a las 13 horas en Madrid «en protesta contra los ataques y falsedades de Pilar Llop y la delirante gestión del conflicto por parte del Gobierno, que está causando un daño irreparable a cientos de miles de españoles», sentencian desde el comité de huelga.

Las tres asociaciones convocantes de los técnicos judiciales solicitaron a la Delegación del Gobierno de Madrid el permiso para llevar a cabo esta manifestación, que tendrá el mismo recorrido que la del pasado 24 de enero. La concentración comenzará en la Plaza de Callao y finalizará en la sede que el Ministerio de Justicia tiene en el número 45 de la calle San Bernardo.

Correo electrónico vs mediador

Los LAJ relatan que el último desprestigio que han sufrido por parte del Ministerio ha sido suprimir las negociaciones presenciales. Según las informaciones emitidas por el comité de huelga, los representantes ministeriales han decidido unilateralmente que a partir de ahora la mejor forma de comunicarse sea mediante el intercambio de propuestas a través de correo electrónico.

Si el Ministerio apuesta por las comunicaciones a través de correo electrónico los LAJ desafían con la aparición de un nuevo protagonista: el mediador. Desde las asociaciones insisten en la necesidad de que intervenga en la negociación -de momento cerrada por el ministerio- esta nueva figura que sería designada «por mutuo acuerdo».

Pero Justicia ha rechazado la propuesta. Ante la negativa, el comité de empresa se ha formulado algunas preguntas: «¿Por qué no acepta Pilar Llop la intervención de un tercero imparcial y objetivo que ayude a la resolución del conflicto? ¿Ese es el valor que la ministra de Justicia de España da a la mediación? ¿Qué quieren ocultar?»

Una oferta «inaceptable»

En la reunión que se llevó a cabo el martes 28 de febrero, la cuarta desde que se comenzó el paro indefinido, no se alcanzó ningún acuerdo ni tampoco se fijó una fecha para una nueva reunión. Lo que si hubo fueron reproches. El comité de huelga acusó al Ministerio de presentar una oferta «inaceptable» y de intentar solucionar la huelga de forma remota.

Por otra parte, Justicia aseguró que los huelguistas mantenían una petición de un aumento salarial de aproximadamente 1.100 euros al mes. Cosa que los LAJ, a través de un comunicado, han negado. «Nunca hemos reclamado la cantidad de 1.100 euros de subida por letrado Nos atenemos al compromiso de abril de 2022 y reclamamos un porcentaje del 85% del sueldo del juez o magistrado correspondiente», han señalado.

Los letrados judiciales también han acusado al Ministerio de «borrar los enlaces a los acuerdos alcanzados en abril de 2022». Según los LAJ los pactos existían. Además, aseguran que fue el propio Ministerio «el que propuso para dotar de coherencia nuestras retribuciones establecer una cláusula de enganche a las de los jueces y fiscales».

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