Los letrados avisan: «La inacción del ministerio costará dinero a los ciudadanos»
Los funcionarios en huelga también acusan al Gobierno de persistir en el destrozo de la Justicia
«La inacción e intransigencia ministerial les va a costar el dinero a todos los españoles». Las asociaciones de letrados de Justicia avisan de la problemática que está causando la huelga indefinida que desde el pasado 24 de enero bloquea la actividad judicial en todo el territorio nacional. Los funcionarios aseguran que ya hay más de 800 millones de euros bloqueados y 230.000 juicios suspendidos.
La Justicia en España está en horas bajas. En la semana en la que la Comisión Europea ha pedido que se resuelva de una vez la disputa sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pendiente desde diciembre de 2018, se ha celebrado la tercera reunión entre los letrados y el ministerio para desbloquear la actividad judicial en todo el territorio nacional.
La mesa de negociación celebrada este martes 28 de febrero para buscar solución al conflicto ha acabado como las dos anteriores: sin acuerdo. En un comunicado, el comité de huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) acusa al Gobierno de «no tener intención alguna de solucionar la huelga y de persistir en el bloqueo al servicio público y en el perjuicio a los ciudadanos».
Los LAJ cargan contra el Ejecutivo de Sánchez y lo culpa de «cambiar el marco negocial y pretender que la negociación continúe por escrito». El comité de huelga subraya que el Gobierno «pincha en hueso» si lo que pretende es «evitar a los medios de comunicación», a los que informarán cumplidamente de «las graves consecuencias de la actitud ministerial».
También afirman que el Ejecutivo hace «caso omiso» del mandato del Congreso de los Diputados, de las comunidades autónomas, de los operadores jurídicos, profesionales y ciudadanos, «que instan a que se alcance un acuerdo satisfactorio que permita recuperar la actividad ordinaria de los juzgados y tribunales», sostienen desde el comité de huelga.
Ataques sin solución
Asimismo, aseguran que han acudido a la tercera reunión con el Ministerio con una nueva propuesta de resolución. Oferta que ha vuelto a ser rechazada por la cartera dirgida por Pilar Llop. «Nos hemos vuelto a encontrar con la cerrazón y el inmovilismo ministerial», subrayan desde las asociaciones.
Los ataques apuntan directamente a la ministra de Justicia, Pilar Llop, a la que los técnicos judiciales achacan que «prefiere visitar queserías» antes que solucionar este grave conflicto que paraliza la Justicia desde el 24 de enero.
Desde el comité recalcan la necesidad de denunciar ante la opinión pública que «el destrozo que está ocasionando el Ministerio, con el beneplácito del Gobierno, en la Administración de Justicia es de dimensiones mayúsculas».
Además, confirman los peores presagios, ya hay un retraso añadido de dos años al ya existente en la tramitación de los procedimientos judiciales, con el consiguiente coste económico en planes de recuperación. «La inacción e intransigencia ministerial les va a costar el dinero a todos los españoles», advierten desde las asociaciones de letrados.
Datos y consecuencias
Según los datos facilitados por las asociaciones de letrados, este martes 28 de febrero el 81% de los LAJ han respaldado nuevamente la huelga indefinida, sin computar los datos de la comunidad de Andalucía, donde este martes es festivo. En la provincia de Alicante el 75 % han secundado el paro.
Mientras tanto, siguen suspendiéndose juicios y actuaciones judiciales en todo el territorio nacional. Los funcionarios ya cifran en 231.000 los causas suspendidas desde el inicio de la protesta, 342.000 las demandas pendientes de reparto y más de 810 millones de euros los bloqueados en las cuentas de los juzgados a la espera de la resolución del conflicto.
En la provincia de Alicante ya hay bloqueados más de 150 millones de euros. Además, se ha forzado la suspensión de más de 6.000 vistas y juicios, según los datos facilitados por los propios funcionarios. El conflicto, que lleva desde el pasado 24 de enero cuando los LAJ decidieron plantarse ante el «ninguneo» del ministerio, parece no llegar a su fin.
