El embrollo legal que hace la vida imposible en un complejo de 260 apartamentos en Guardamar

La tensión aflora cada vez más en el conflicto que afecta a usuarios de un complejo de 260 alojamientos turísticos en Guardamar del Segura, el Sun Beach. Lo que comenzó como una simple gestión de licencia turística se ha convertido en los últimos años en un enfrentamiento entre vecinos, gestores y propietarios que ha desembocado en constantes cruces de amenazas y denuncias.

En el origen de todo aparece la calificación de los inmuebles como turísticos, lo que en teoría impide el uso residencial, algo que en la práctica no sucede. Mientras tanto, las partes en disputa consideran que les asiste la razón, sin que hasta la fecha se haya llegado a un punto de entendimiento. Todo ello no hace más que presagiar que el asunto solo podrá quedar resuelto a través de un farragoso periplo judicial.

El choque de esta disputa implica a la empresa gestora del complejo, Europa House, y a una parte de los propietarios, que buscan administrar sus apartamentos por cuenta propia, sea para uso turístico o como vivienda. A esta discrepancia de fondo se añade la morosidad en los pagos comunitarios que presuntamente arrastra un determinado número de vecinos que no abona su mensualidad. Para terminarlo de complicar todo, existen acusaciones de un presunto fraude por parte de alguna inmobiliaria o antiguos propietarios que vendieron el piso sin explicar que supuestamente no estaba permitido el uso residencial, sino únicamente el turístico.

«La situación aquí es insostenible. No solo han cortado el suministro de agua y luz sin previo aviso, sino que también nos sentimos completamente desamparados. Europa House (la empresa de gestión turística del complejo) no escucha nuestras preocupaciones, y el Ayuntamiento parece hacer la vista gorda», declara el representante de la comunidad de una parte de los propietarios, Mariano de la Cruz. «Están jugando con la vida de personas que necesitan, por ejemplo, máquinas para respirar, y todo esto no parece importarles en absoluto. Nos han dejado sin lo más básico, y cada día es un calvario«, alerta.

Por su parte, José Rubira, administrador de la comunidad de propietarios, contradice algunas de las afirmaciones de De la Cruz. Rubira asegura que la situación del complejo es el resultado de la «irresponsabilidad» de ciertos propietarios que han dejado de pagar sus cuotas, lo que ha obligado a Europa House a «tomar medidas drásticas para asegurar la viabilidad del lugar». No obstante, señala que desde que ejerce como administrador «no hay constancia de que se le haya cortado la luz o el agua a nadie» y que por parte de «la comunidad de propietarios no ha habido ninguna amenaza en ese sentido».

«Hasta la fecha, Europa House ha ganado todas las demandas presentadas por la comunidad, demostrando que hemos seguido todos los procedimientos legales pertinentes», asegura Rubira. Además, subraya que su papel se limita al de «ser el administrador de la comunidad de propietarios», desligándose de cualquier otra posible responsabilidad por parte de la empresa explotadora.

El conflicto que se arrastra hizo que se crease una comunidad de vecinos en contra de la administración del complejo, así como de la empresa explotadora, Europa House. «Nuestra junta fue aprobada por unanimidad en septiembre de 2022«, insiste De la Cruz, quien añade que, según la Ley de Propiedad Horizontal, se establece que la última junta es la válida, por lo que considera que su grupo es el representante legítimo de la comunidad. En este punto el administrador discrepa, ya que aduce que esta junta no es válida debido a supuestas irregularidades en su constitución. Recalca que «se autoconstituyeron como comunidad de propietarios, algo completamente ilegal».

Asimismo, José Luis Escobar, abogado de Europa House, comparte la opinión del administrador, y argumenta que «esta junta no es válida debido a que el proceso no cumplió con los requisitos legales establecidos, tal como lo determina una sentencia judicial, aunque no firme». Además, el abogado señala que Europa House «ha sido objeto de sabotajes y ataques que buscan desestabilizar su gestión», lo que ha complicado aún más la situación.

El abogado defiende firmemente que esta empresa de alojamientos ha seguido «todos los procedimientos legales establecidos», y que las medidas adoptadas, como los cortes de suministro, fueron una respuesta necesaria ante la acumulación de deudas por parte de los propietarios.

«No se trata de extorsión, sino de garantizar la operatividad del complejo. El titular de la luz y el agua es Europa House, y si ha realizado estas acciones es porque estos alojamientos no se estaban explotando turísticamente, sino como vivienda, cosa que es ilegal», advierte el letrado, antes de agregar que «la empresa ha actuado dentro de la legalidad y que cualquier movimiento ha sido en respuesta a las irregularidades cometidas por algunos propietarios».

El último movimiento de Europa House ha sido presentar una querella por coacciones y daños contra los vecinos que, según la empresa, han perpetrado actos de sabotaje y violencia para forzar su retirada del complejo.

La querella detalla «manipulaciones ilegales en las instalaciones, agresiones, daños materiales y una campaña de difamación y acoso con el objetivo de perjudicar a Europa House tanto económica como legalmente». La empresa busca medidas cautelares para proteger sus intereses y garantizar que los responsables afronten las consecuencias legales.

El Ayuntamiento de Guardamar del Segura, por su lado, gobernado por el PSPV, promovió una reunión con todas las partes el mes de mayo en la que también participaron dirigentes de la Conselleria de Turismo, responsable última de la licencia turística del complejo. Sin embargo, Turismo ha confirmado que dará de baja las licencias turísticas del bloque al completo y de los apartamentos. Los afectados ya han anunciado que recurrirán esta decisión de Gobierno valenciano.

Por otro lado, el alcalde de Guardamar del Segura, José Luis Sáez Pastor, ha expresado la postura del Consistorio respecto al conflicto. Según Sáez, «el Ayuntamiento ha apoyado desde un inicio los programas de acogida y ha trabajado con todas las partes involucradas para encontrar una solución al conflicto. Esperamos que las diferencias puedan resolverse a través del diálogo y que ambas partes lleguen a un acuerdo que beneficie a la comunidad en su conjunto». Con esta declaración, el alcalde muestra su deseo de que este asunto pueda encontrar una solución amistosa y legal.

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