Los macrodepósitos del Puerto de Alicante vuelven al juzgado

La Plataforma por un Puerto Sostenible continúa su batalla judicial contra el proyecto de instalación de macrodepósitos por parte de la empresa XC Business 90 en el Puerto de Alicante. En este nuevo intento, atacan lo que consideran «la línea de flotación de la propuesta» y solicitan la nulidad de la concesión otorgada en 2019 por el consejo de administración del Puerto.

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante Santiago González Varas ha sido el encargado de diseñar el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ), en el que se reclama la nulidad de la concesión. La abogada responsable del caso será Inmaculada de la Fuente. La plataforma considera que la instalación prevista por XC Business 90 es «una bomba» incompatible con un puerto integrado en el casco urbano de Alicante.

Según explican, el recurso recoge una docena de «irregularidades» que, a su juicio, justificarían la nulidad. La demanda se presenta seis meses después de que solicitaran a la Autoridad Portuaria la revisión de oficio de la concesión, sin haber recibido respuesta.

Para González Varas, el aspecto clave es «la ausencia de la declaración de impacto ambiental». El jurista señala que, gracias al trabajo de las entidades ciudadanas, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) se ha pronunciado en este sentido. Según afirman, el Gobierno respondió a su solicitud confirmando la obligatoriedad de dicho informe y requiriendo a la Autoridad Portuaria que remita toda la documentación. «El Ministerio no solo reafirma la necesidad del informe, sino que se dirige al Puerto, otra administración estatal, con un tono de aspereza que sorprende», subraya el experto.

Entre otros motivos que sustentan la demanda, se encuentra un posible fraccionamiento del proyecto —dos fases: ocho depósitos inicialmente y veinte más después—. Desde la plataforma consideran que esta estrategia se diseñó para evitar la evaluación ambiental, que creen que «no habría superado por la cercanía de bienes protegidos de la Red Natura 2000 y otras figuras».

También alegan la falta de informes de seguridad exterior. La plataforma asegura haberse dirigido a la Conselleria para solicitarlos, sin obtenerlos, y denuncia el incumplimiento del convenio de 1995 entre administraciones para la retirada de los depósitos de CEPSA, así como la falta de un informe de proximidad y el riesgo de accidentes en cadena.

González Varas se muestra optimista respecto al recurso, especialmente por los requerimientos del Ministerio a la Autoridad Portuaria. Calcula que en aproximadamente un año podría haber sentencia.

Desde la Plataforma por un Puerto Sostenible califican de «inconcebible» que ninguna administración se haya opuesto de forma tan contundente como «las simples entidades ciudadanas». «Ni el Gobierno central, ni el autonómico ni el municipal han sido capaces de defender la ciudad y su modelo económico frente a un proyecto de estas características», denuncia Sol Garcín, portavoz de la plataforma.

La entidad muestra su preocupación «no solo por el peligro que implican los macrodepósitos», sino también por las actividades asociadas. Aseguran que, de construirse, «por la bahía de Alicante circularían petroleros del tamaño del 'Prestige'» y que «los vertidos en el mar afectarían a todas las playas de la ciudad». Además, critican que la concesión «no contempla medidas de seguridad ante fenómenos meteorológicos extremos», como las danas, «ni ante el riesgo sísmico».

Por todo ello, lamentan que la Autoridad Portuaria no haya utilizado los mecanismos legales existentes para rescatar la concesión. «De las administraciones no hemos visto más que maquillaje y postureo político», afirma José Manuel Santa María. Este vecino acusa al juez que otorgó la licencia ambiental por mandato judicial de «prevaricación de caballo» y considera que la sentencia vulnera toda la legislación europea y la doctrina judicial.

La plataforma asegura que ha invitado al Ayuntamiento a sumarse a la demanda, algo que este ha rechazado. Tampoco entienden cómo el sector empresarial no se ha movilizado contra la instalación de los macrodepósitos.

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