Alicante concede por «imperativo legal» la licencia ambiental a los macrodepósitos del puerto tras perder en el TSJ

El Ayuntamiento de Alicante ha tenido que reconocer la licencia ambiental a la mercantil XC Business 90, SL para la instalación de un centro de distribución de combustibles y carburantes en el puerto. La Concejalía de Urbanismo ha concedido el permiso «por imperativo legal», destacan fuentes municipales, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) así lo exigiese.

No obstante, el Ayuntamiento se guarda un as en la manga para prorrogar todo lo que pueda el inicio de la actividad, con la que está en contra. En el mismo decreto de Urbanismo advierte a la mercantil que «antes del inicio y funcionamiento de la actividad, la explotación deberá cumplir con todos los requisitos de seguridad y prevención exigidos«. Una larga lista: desde medio ambiente, control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así como de afectación a la Red Natura 2000. Hasta que no tenga todos estos, no podrá empezar a construir la planta.

Y ni aún así. Porque todos estos permisos no son competencia municipal, pero sí el principal: la licencia de obra mayor, que corresponde a la Concejalía de Urbanismo. La empresa ya la ha pedido y está en tramitación, aclaran fuentes municipales. Las mismas que subrayan que «el Consistorio será exigente con el cumplimiento máximo de los requisitos necesarios antes de emitirla».

Porque «sigue intacta la firme oposición del Ayuntamiento a la instalación de este centro de distribución de combustibles», recuerda la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez. Es más, el equipo de gobierno insiste en «seguir plantando batalla desde todos los frentes posibles, incluido el judicial, para evitar que este proyecto llegue a ser una realidad».

Respecto al recorrido judicial, el Ayuntamiento de Alicante ya está preparando un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, por entender, como ya planteó en su recurso de casación ante el TSJCV, que este tribunal no tuvo en cuenta en su sentencia la inconstitucionalidad del artículo de la ley autonómica que establecía dicho silencio positivo en licencias ambientales, decretada en 2022.

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