Alicante precinta los asentamientos de chabolas en la Cañada del Fenollar

Alicante pisa el acelerador para la eliminación de los asentamientos chabolistas en la Cañada del Fenollar. El Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana han sellado un nuevo compromiso para intensificar la vigilancia y actuación ante construcciones ilegales en suelo no urbanizable.

Con esta problemática, hasta la fecha, el área de Urbanismo ha trasladado 23 expedientes a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT). Diez de ellos incluyen decretos municipales de suspensión de obras. En los casos donde no se ha acatado la paralización, la AVPT ha ratificado las órdenes e iniciado los trámites para el precinto de estas obras.

Así lo han confirmado a través de un comunicado el equipo de gobierno en el marco de la firma del protocolo de colaboración entre el alcalde, Luis Barcala, y el director de la AVPT, Santiago Gambín. El pacto busca facilitar la actuación de las administraciones con mayor eficacia ante infracciones urbanísticas graves, especialmente en zonas de riesgo por inundación.

«Con este acuerdo reforzamos la cooperación institucional para garantizar el cumplimiento de la legalidad urbanística y proteger la seguridad de los alicantinos», ha señalado Barcala. El protocolo se aplicará a todo tipo de irregularidades en suelo no urbanizable, pero pondrá el foco en aquellas edificaciones ilegales ubicadas en zonas inundables, según los niveles de peligrosidad establecidos por el plan autonómico Patricova (Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana) y las calificadas por el ordenamiento municipal como ramblas.

Este acuerdo refuerza la cooperación entre administraciones desde que Alicante se adhiriera en marzo de 2022 a la AVPT, un organismo que tiene como misión velar por la legalidad en suelos protegidos y no urbanizables, con capacidad para imponer sanciones, ordenar demoliciones o actuar de oficio si es necesario.

El nuevo protocolo detalla el procedimiento que seguirán ambas administraciones. El Ayuntamiento dictará la suspensión de las obras ilegales mediante decreto, con apercibimiento al promotor de que, en caso de no detener la actividad, la Policía Local procederá al precinto. Además, se contemplan actuaciones ante desobediencias reiteradas, como la remisión de los casos a la Fiscalía si se detecta manipulación o rotura de los precintos.

Por su parte, la AVPT facilitará los modelos de informes y actas oficiales, y ratificará las medidas municipales de suspensión cautelar. Ambas instituciones se comprometen también a crear una base de datos conjunta para mejorar el seguimiento de los expedientes y agilizar la respuesta ante nuevas infracciones.

El objetivo común es claro: defender el territorio frente a la urbanización ilegal y evitar riesgos para las personas, especialmente en zonas vulnerables como ramblas y áreas con riesgo de inundación. Con esta medida, Ayuntamiento y Generalitat buscan una gestión más eficaz, coordinada y transparente del suelo no urbanizable, apostando por la sostenibilidad y la legalidad como principios básicos en la ordenación del territorio.

En este sentido, el acuerdo fija que el Ayuntamiento de Alicante dictará si procede, en el marco del Art. 252 del TRLOTUP, actuaciones previas como la suspensión de obras mediante decreto de la concejala de Urbanismo en el cual se apercibirá al interesado o los interesados de que, en caso de incumplimiento de la orden de paralización, se procederá por los agentes de la Policía Local a cumplimentar lo ordenado por el procedimiento de la acción de oficio previo requerimiento, actuando materialmente, mediante el precinto de las obras, en el caso de no ser atendida la orden.

Además, remitirá informes técnicos a través del Servicio de Planeamiento, conforme a los modelos establecidos por la AVPT, remitirá a ésta la documentación requerida (actas, informes técnicos y decretos de suspensión) a través de su Oficina Virtual y colaborará con ella para practicar notificaciones y facilitar la instrucción de expedientes, asegurando la celeridad de los procedimientos.

En casos de desobediencia de las órdenes de paralización que se vean agravados posteriormente con la rotura o manipulación de los precintos que se hayan podido colocar se procederá por el Ayuntamiento a la remisión de las pertinentes actas o informes a la Fiscalía, dando conocimiento de dicha remisión a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio a fin de no duplicar la misma.

Por su parte, la AVPT facilitará y mantendrá actualizados los modelos oficiales para el levantamiento de actas de denuncia e inspección, así como para los informes técnicos necesarios y ratificará, en el acuerdo de inicio del expediente administrativo, las medidas de suspensión cautelar de paralización adoptadas por el Ayuntamiento, en caso de haberse dictado y comunicado.

Ambas partes, el Ayuntamiento y la AVPT, se comprometen a la creación, mantenimiento y alimentación de una base de datos conjunta que facilitará el acceso a la información y el estado de los expedientes.

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