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La Sala Primera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha inadmitido el incidente de nulidad solicitado por el Ayuntamiento de Alicante después de que la misma instancia judicial concediera licencia ambiental a la instalación de una planta de almacenaje de combustible en la zona sur del puerto.
El equipo de gobierno elevó una cuestión de nulidad a la misma sala del TSJ, conscientes de la dificultad de este recurso, con la intención de utilizar todas las herramientas legales a su alcance para demorar la ejecución de sentencia.
El equipo de gobierno municipal consideró en su escrito que la sentencia no había tenido en cuenta la «inconstitucionalidad» del artículo de la ley autonómica que establecía dicho silencio positivo en licencias ambientales, decretada en 2022. Además, añaden que el fallo no da respuestas a cuestiones fundamentales para el proceso, planteadas por el órgano municipal. En este mismo documento se pide también la suspensión de la ejecución de la sentencia mientras se resuelve el incidente de nulidad para evitar daños irreparables.
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Así, en términos legales, la petición de nulidad se basa en la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva «por la no aplicación de la inconstitucionalidad decretada por el Tribunal Constitucional del silencio positivo para licencias ambientales en la Ley Valenciana, pendiente el proceso, y por incongruencia omisiva, causante de indefensión».
Como era previsible, la sala «resuelve inadmitir el incidente de nulidad solicitado» por el Ayuntamiento, según una providencia fechada este mismo lunes. «El tema ya se expuso ante el Tribunal Supremo e inadmitió», recuerda el tribunal. Y, además, expone que «la propia sentencia explica que la solicitud no está sometida a autorización ambiental integrada de los anexos I y II de la Ley 2/2006».
La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, ha vuelto a exigir al alcalde, Luis Barcala, que negocie con la empresa para evitar que los macrodepósitos se acaben instalando en el Puerto de Alicante. Barceló ha valorado que el hecho de que el TSJCV haya inadmitido el recurso del Ayuntamiento pidiendo la nulidad del fallo que daba vía libre a los depósitos, «evidencia que la estrategia judicial del alcalde ha fracasado de forma estrepitosa». Por tanto, «no queda otra opción que abrir la vía de la negociación, para evitar esta instalación y para impedir que la posible indemnización millonaria siga creciendo, puesto que la pagaríamos todos los alicantinos y alicantinas».
Contra esta resolución no cabe recurso. El Ayuntamiento de Alicante debe acudir a una instancia superior, o negociar con la empresa XC Business 90 S. L., para tratar de impedir la construcción de estos macrodepósitos en el puerto, cerca de zonas residenciales.
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