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Alicante paraliza durante dos años la concesión de licencias de viviendas de uso turístico en la ciudad. Esta medida busca disponer de tiempo para revisar la regulación municipal sobre inmuebles de este uso y desarrollar nuevas normativas. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado este lunes que el Ayuntamiento va a impulsar una moratoria de dos años de estos permisos «para regular su impacto en el tejido urbano y social de la ciudad». Barcala ha explicado que el desarrollo de nueva regulación permitirá garantizar «un crecimiento turístico equilibrado y sostenible y que al mismo tiempo contribuya a favorecer el acceso de los alicantinos a la vivienda, que es una de nuestras prioridades en este mandato».
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La moratoria conllevará la suspensión, durante un plazo máximo de dos años, de la tramitación y del otorgamiento de licencias, declaraciones responsables, así como cualquier otro título habilitante para la implantación de nuevas Vivienda de Uso Turíustico (VUT) o cambios de uso, con alcance a todo el territorio de Alicante. Asimismo, quedará en suspenso el otorgamiento de cédulas de garantía urbanística e informes de compatibilidad urbanística en el ámbito afectado para el uso de VUT.
Esta medida, que el equipo de Gobierno llevará al Pleno del 19 de diciembre, «facilitará poder integrar en el plan municipal un límite en la densidad de viviendas de uso turístico por zonas y regular el impacto que esta situación genera sobre el mercado inmobiliario y la convivencia vecinal, sobre todo en los barrios de mayor concentración», ha expuesto Barcala.
El equipo de Gobierno ha tomado esta decisión tras recibir y analizar las conclusiones de los dos estudios elaborados por la Cátedra de Turismo de la Universidad de Alicante y la empresa especializada Estrategia y Organización S.A. (EOSA) sobre la situación de la VUT en Alicante.
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Según estos estudios, las limitaciones deberán basarse en un análisis detallado que contemple la capacidad de los servicios públicos, la conservación del carácter residencial de cada zona y la preservación de un equilibrio entre las actividades turísticas y las necesidades de los residentes locales. La determinación de estos límites permitirá regular el número de licencias emitidas por barrio o zona, adaptándose a la situación particular de cada área, con énfasis en aquellas que ya muestran signos de saturación turística.
Además, el Ayuntamiento de Alicante realizará revisiones periódicas de las licencias otorgadas para evaluar el cumplimiento de las normativas y si se detectan problemas significativos en la calidad de vida o en la accesibilidad a la vivienda, se podría proceder a la retirada o no renovación de las licencias en los casos que corresponda, señalan fuentes municipales.
Desde la oposición de izquierdas del Ayuntamiento de Alicante han cuestionado que Barcala se haya «demorado tanto» en tomar la decisión de una moratoria para los apartamentos turísticos.
«En materia turística el PP de Barcala va siete pasos por detrás de las propuestas que plantea el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Alicante. Hace meses que propusimos al pleno una modificación del PGOU para que no pudieran establecerse viviendas de uso turísticos en edificios de viviendas residencial y votaron en contra. Hace meses que propusimos un estudio para que se midiera la capacidad de apartamentos turísticos que se podían absorver en nuestros barrios para garantizar el acceso a la vivienda y votaron en contra, para después licitar la redacción de un informe en los mismos términos. Es inaudito que voten sistemáticamente en contra las propuestas del partido socialista para acabar adoptando las medidas que proponemos», ha destacado la concejala socialista Trini Amorós.
Por su parte, el portavoz de Eu-Podem, Manolo Copé, ha considerado que esta medida era «necesaria hace mucho para frenar el crecimiento descontrolado del turismo de corta estancia que está provocando un aumento de los precios de la vivienda y la expulsión de alicantinos residentes de los barrios más afectados». El edil ha dado la bienvenida al PP «a la cordura de no seguir mirando hacia otro lado mientras cada vez más alicantinos y alicantina se ven obligados a abandonar sus hogares por la subida descontrolada de los precios del alquiler. Desde Esquerra Unida Podem seguimos esperando los resultados de los informes que ha realizado la Universidad de Alicante y lo que ahora demandamos es una normativa clara efectiva y consensuada que proteja los intereses de la ciudadanía alicantina y que evite la especulación inmobiliaria».
Por otro lado, se sigue trabajando en las campañas de inspección de los apartamentos turísticos de la ciudad y el levantamiento de actas de suspensión de actividad a los que ejercen sin licencia o incumplen la normativa, a la espera de materializar la asunción de competencias en materia de imposición de sanciones por infracciones leves, graves y muy graves.
El Ayuntamiento de Alicante «está volcado en el desarrollo de medidas que favorezcan el acceso de la vivienda a los alicantinos», como el desarrollo de planes urbanísticos que permitirán impulsar 6.000 viviendas en este mandato, de las cuales entre un 30 y un 40 % serán viviendas protegidas, añaden las mismas fuentes. Además, Alicante ha ofrecido ya a la Generalitat ocho solares de patrimonio municipal para la construcción de aproximadamente 265 viviendas dentro del Plan Vive, a los que se sumarán otros en los próximos meses, recalcan.
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